Más de 70 organizaciones sociales pidieron que la Legislatura convoque a una audiencia para debatir la adhesión de la provincia de Santa Fe al RIGI. El gobierno de Pullaro mira con buenos ojos las políticas de Milei.

Un nutrido grupo de organizaciones sociales de Santa Fe pidieron formalmente que la Legislatura convoque a una audiencia pública “para un debate democrático” sobre la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Lo hicieron mediante la presentación de un documento firmado por 73 organizaciones de todo el territorio santafesino –agrupaciones ecologistas, sindicatos, cooperativas, asociaciones de productores y empresarios pymes–, que fue enviado el pasado 15 de agosto a las cámaras legislativas.

El RIGI está incluido dentro de la Ley Bases sancionada en la madrugada del 28 de junio. Se trata de un régimen de excepción que ofrece a las empresas incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, durante 30 años, con el objetivo de atraer proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión.

Al momento del debate parlamentario, algunos especialistas cuestionaron que el RIGI no apunta a sectores específicos y no exige reinversiones a las empresas beneficiadas. Desde los sectores ambientalistas observan, además, que se trata de una normativa que favorece el modelo extractivista y la concentración y extranjerización de las tierras.

“Este régimen vulnera manifiestamente los derechos que la misma Constitución Nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local”, señalaron las organizaciones que se oponen a la adhesión de la provincia de Santa Fe al RIGI.

Santa Fe ante el RIGI

Hasta ahora, solo tres provincias –Mendoza, Chubut y San Juan– sancionaron su propia adhesión al RIGI. Se trata de territorios donde tienen mucho peso las inversiones mineras. Por su parte, la provincia de Salta tiene avanzado el trámite ya que el proyecto de adhesión fue dictaminado por la Legislatura local y solo resta su aprobación en el recinto.

Santa Fe es una de las provincias que quiere avanzar en el mismo sentido. En el gobierno de Maximiliano Pullaro miran con buenos ojos el régimen impuesto por la administración de Javier Milei y piensan que los cambios incluidos en el RIGI impactarán positivamente en la economía santafesina.

En junio, cuando se sancionaron en el Congreso Nacional la Ley Bases, el paquete fiscal y el RIGI, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, señaló que “las modificaciones que se incorporaron son importantes porque impactan positivamente en Santa Fe como proveedor del sector minero, gasífero y petrolero. Los cambios establecen que se tienen que incorporar a los proveedores locales dentro de los proyectos de inversiones”.

En declaraciones a Aire de Santa Fe, el funcionario provincial valoró “que se haya eliminado la posibilidad de importar bienes de capital usado y que se hayan delimitado los sectores prioritarios para inversiones, que de alguna manera no se superpone con el perfil productivo de Santa Fe y no genera asimetrías”.

Para la sanción definitiva de la Ley Bases y el RIGI fue determinante el apoyo de los bloques parlamentarios dialoguistas, entre los que se encuentran los legisladores nacionales de la UCR y el PRO que responden al gobernador Pullaro. La incorporación de un artículo que favorece a los proveedores locales, para venderles bienes y servicios a los inversores externos, destrabó el apoyo de los legisladores santafesinos de Juntos por el Cambio.

El debate en la Legislatura

A fines de julio, un mes después de la sanción definitiva de la Ley Bases, las diputadas provinciales Silvia Malfesi y Alicia Azanza –del bloque Somos Vida– ingresaron a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe adhiera al RIGI.

En los fundamentos del proyecto, las diputadas consideran que la adhesión de Santa Fe al RIGI “dará mayor seguridad jurídica y previsibilidad a todos aquellos que quieran invertir en nuestra provincia”, a la vez que indican que “la adhesión no solo representa un alineamiento con la normativa nacional, sino que también busca potenciar el desarrollo de nuestra provincia mediante la atracción de inversiones significativas”.

El proyecto de las diputadas “celestes” no deja dudas respecto a la necesidad de que la provincia de Santa Fe se alinee con las políticas del gobierno de Milei: “Santa Fe, como una de las provincias más pujantes de Argentina, cuenta con un entorno propicio para la atracción de inversiones debido a su ubicación estratégica, su infraestructura desarrollada y su capital humano calificado”.

“No obstante –sigue el proyecto–, para capitalizar estas ventajas competitivas resulta imperativo alinearse con las políticas nacionales que incentivan las grandes inversiones, asegurando así un marco jurídico homogéneo y previsible para los inversores”.

Según las legisladoras del bloque Somos Vida, hay “una serie de beneficios que traerá para Santa Fe la adhesión al RIGI”, entre ellos un incremento del empleo formal, el aumento de la competitividad, la diversificación de la economía y el desarrollo regional.

Concentración de la riqueza

Lejos del optimismo oficial, 73 organizaciones sociales de Santa Fe pidieron formalmente que la Legislatura provincial rechace la adhesión al RIGI y que convoque a una audiencia pública “para un debate democrático” sobre el tema.

“El gobierno nacional avanza rápidamente, porque sabe que es su única herramienta, con la implementación de la Ley Bases y en particular del capítulo con respecto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones”, indicaron.

“Por eso, diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos de trabajadores, pequeñas y medianas industrias, comerciantes, sectores académicos, educativos, científicos, sindicatos y organizaciones socioambientales nos unimos en el marco de las acciones plurinacionales para decirle no al RIGI”, agregaron en un documento enviado a la Legislatura.

En el escrito, reclaman que ambas cámaras legislativas “rechacen la adhesión a este régimen que solo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza en nuestra provincia, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias y avanzando con la degradación ambiental en nuestro territorio”.

“Este régimen –continúan– vulnera manifiestamente los derechos que la misma Constitución Nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local”, señalan en el texto enviado a diputados y senadores provinciales.

Por esos motivos, las organizaciones sociales pidieron que la Legislatura convoque a una audiencia pública “para garantizar las voces de todos los espacios de la sociedad frente al avance unitario arrasador y que se discuta democráticamente y a puertas abiertas los negativos impactos sociales, ambientales, políticos y económicos del RIGI”.

Las consecuencias del RIGI

Entre otros argumentos, las organizaciones que presentaron el petitorio en la Legislatura indicaron que “el RIGI viola el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el ambiente saludable, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520, el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas N° 25.688, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Acuerdo de Escazú; además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de París”.

Según el documento, la adhesión al RIGI implica “asumir una alta conflictividad social por las consecuencias sociales, ambientales, laborales y económicas de su implementación”.

Entre las organizaciones que suscribieron el documento se encuentran la Asociación Civil Salud Socioambiental, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, el Taller de Comunicación Ambiental, la Multisectorial Humedales de Rosario y el Taller Ecologista.

También la Asociación Civil Tramatierra, el Ciclo de Ecología Cultural Fontanarrosa, el Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat), Capibara, El Paraná no se Toca, la Asociación Civil Inundación Nunca Más, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Asamblea por los Derechos Sociales y la ONG Cultural de la Costa.

Además, firmaron el documento la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Servicios Afines, Federación de Cooperativas de Trabajo Red Mayo, la Asociación Civil Manos Vivas, las cooperativas de trabajo Germinar, La Comarca Escuela de Pacientes y Aguará, el Instituto de Salud Socioambiental, Salvemos los Humedales de Villa Constitución, la Colectiva Ecofeminista La Verdecita y la Cátedra del Agua de la UNR, entre otras organizaciones.