Elon Musk libra una batalla abierta contra la Justicia brasileña, que impuso el cierre de X en el marco de la investigación por su uso en el intento de golpe contra Lula en 2023. ¿Puede más un magnate que una democracia?

Por Victoria Stéfano

En Brasil se libra por estos momentos una discusión acerca de los límites de la libertad de expresión y el peligro que implican las redes sociales para las democracias latinoamericanas. El multimillonario Elon Musk continúa en su cruzada pública contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes luego de que el Tribunal Supremo de la nación hermana ordenara a la red social X nombrar un representante legal en el país vecino.

La medida fue dictaminada en el medio de una investigación sobre los vínculos entre los perfiles de seis influencers bolsonaristas con “grupos extremistas y milicias digitales” que utilizan activamente la plataforma de Musk para “la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Así lo expresa el fallo del máximo órgano jurídico de Brasil que ordenó la suspensión de la red social X a finales de agosto, frente a la negativa sistemática del magnate a ajustarse a las disposiciones del tribunal.

En represalia, el multimillonario, y aspirante a encabezar el “Departamento de Eficiencia del Estado” en un hipotético nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, instruyó a los usuarios de X Brasil sobre cómo usar un aparato VPN para camuflar el origen de la conexión de internet y así acceder a usar X pese a las medidas tomadas por los organismos de telecomunicación del país.

La génesis del conflicto

Lo cierto es que Alexandre de Moraes sostiene una batalla abierta contra la información falsa en internet desde bastante antes que la pelea pública con el dueño de X. De hecho, como magistrado del Tribunal Superior Electoral, durante la elección de 2022 ejecutó la eliminación de publicaciones que ponían en duda el sistema electoral brasileño.

Pero el cisma de la cuestión llegó el 8 de enero de 2023, cuando una multitud de bolsonaristas, descontentos con el resultado electoral, intentó tomar por la fuerza el Palacio de Planalto, la casa de gobierno de Brasil, y ocupó durante horas la Plaza de los Tres Poderes, mientras las fuerzas públicas intentaban disipar a los manifestantes.

A partir de allí comenzó una investigación judicial que arribó al descubrimiento de un plan, que implicaba a funcionarios y círculos cercanos a Jair Bolsonaro, para un golpe de Estado y el posterior dictado de una emergencia que anulara el resultado electoral y suspendiera la transición democrática, lo que acabó con que se determine la inelegibilidad del ex presidente.

En simultáneo, los esfuerzos de de Moraes echaban luz sobre la pieza menos evidente del rompecabezas sobre el intento de golpe: el uso de la red social para promover una desestabilización política.

Desde la Corte Suprema, y en el marco de la investigación sobre el intento golpista, fue que se ordenó a X la eliminación de los perfiles de seis usuarios, entre ellos un legislador federal del bolsonarismo implicado en el plan del golpe contra el gobierno de Lula da Silva.

La medida le valió el repudio de los políticos alineados al presidente mandato cumplido, al que se sumó Musk, tildando la medida como un acto de “censura” a través del ex Twitter. Desde el Supremo Tribunal Federal respaldaron la decisión de de Moraes, aduciendo que “la libertad de expresión no debe confundirse con el permiso para faltar el respeto a las leyes o promover ideales antidemocráticos”.

El titular de la red social no acató las disposiciones y el pasado 15 de agosto el magistrado impuso una multa que iba desde los 8900 a los 36.650 dólares diarios por incumplir las medidas judiciales.

El Supremo Tribunal de Brasil ordena confiscar US$ 3,3 millones a empresas de Musk para pagar multas

Frente a esa nueva medida la red social cerró sus oficinas en el país, el 17 del mes pasado, despidiendo a más de 40 trabajadores, y aseveraron que la medida fue por una supuesta orden de detención emitida por el STF contra la representante legal de la empresa en Brasil, lo que no fue fehacientemente confirmado. “Estamos profundamente entristecidos por habernos visto obligados a tomar esta decisión; es responsabilidad exclusiva de Alexandre de Moraes”, aseguraron desde la red social.

El juez nuevamente intimó a la empresa a determinar un representante legal que colaborara con la justicia en la investigación criminal contra los golpistas, mediante una publicación en el perfil del STF en la misma red social sosteniendo que el magnate “está siendo investigado” por la “presunta comisión de delitos de obstrucción de la Justicia, organización criminal e incitación al delito”.

Y durante la última semana de agosto congeló las finanzas de Starlink, otro de los negocios de Musk en Brasil según denunciaron en un comunicado de la empresa. Finalmente, ante la falta de respuesta sistemática por parte de X, el 30 de agosto se ordenó la suspensión de la plataforma.

Desde entonces los ataques públicos de Musk contra el magistrado no pararon ni un solo día. Van desde comparaciones con el villano de Harry Potter, hasta tildarlo de “dictador” y “tirano”. Entretanto todo un ejército de usuarios de la plataforma se hizo eco de la suspensión, mientras Lula respaldó en declaraciones radiales a de Moraes y fustigó a Elon Musk.

“Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga inversiones en Brasil está subordinado a la Constitución y a las leyes brasileñas” sostuvo el presidente, e instó al empresario a tomar “otra actitud”.

Lula envía un mensaje claro y contundente a Elon Musk:
"Este señor tiene que aceptar las reglas de este país". pic.twitter.com/oE3pYFthiw

— Mario Campa (@mario_campa) August 30, 2024

Lo cierto es que Brasil se posiciona como el sexto mercado más grande para la red social favorita de la ultraderecha internacional, y también es un mercado atractivo para Starlink y su servicio de internet satelital debido a la inmensa extensión territorial de la potencia latinoamericana.

Y la coincidencia del Ejecutivo con la Justicia brasileña no podría ser más inesperada. En los hechos de Moraes proviene de un sector político ajeno al PP de Lula da Silva, el Partido de la Social Democracia, inicialmente de centroizquierda y posteriormente aliado a la derecha. Además de ocupar, entre otros lugares emblemáticos, el de ministro de Justicia de Michel Temer, el sucesor de Dilma Rousseff tras su destitución en 2016.

La última página del conflicto tiene una nueva escalada en el poder legislativo de Brasil, donde el bolsonarismo presentó, el 9 de septiembre, un pedido de impeachment contra el magistrado con más de un millón de firmas, entre las que se cuentan las de más de 150 diputados. Aunque lejos está de prosperar, el pedido es el vigésimo tercero en la carrera del jurista en su camino en el STF.

Intolerantes con los intolerantes

El conflicto sin fin que sigue su curso en el país vecino hunde sus raíces en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que plantea básicamente que la tolerancia ilimitada conduce indefectiblemente a la desaparición de la tolerancia y que “tenemos por tanto que reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia”.

El manifiesto liberal de Popper plantea un límite concreto para la libertad, aquello que debe moderarse para que las sociedades no se disuelvan hasta sus partículas, que es la violencia. En palabras del presidente de Brasil “ningún país es verdaderamente independiente cuando tolera amenazas a su soberanía. Siempre seremos intolerantes con cualquiera, por rico que sea, que desafíe la ley”.

Es válido a estas alturas al tenor de los hechos, preguntarnos con qué herramientas jurídicas nos defenderemos cuando los gigantes tecnológicos deseen imponerse sobre nuestras democracias desde esas neopotencias globales sin territorio y sin ley a las que llamamos redes sociales.