Milei traspasó el área de Discapacidad a Salud, lo cual implica una enorme quita de beneficios, pero no sin antes encarar una campaña de desprestigio contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El 4 de julio Javier Milei firmó el decreto 585 de Modificación de la Ley de Ministerios, en el cual traslada la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), antes dependiente de Jefatura de Gabinete, a la órbita de la cartera de Salud. 

Para las organizaciones que trabajan en la materia, esto implica un retroceso en la visión estatal de la discapacidad, que desde hace años se venía construyendo con el prisma del modelo social. 

Paralelamente, se observa un achicamiento brutal de la Agencia, con 340 despidos, una incipiente reducción de los beneficios a las personas con discapacidad y, lo que es peor, una campaña de estigmatización del colectivo llevada adelante por el propio titular de la Andis, y por el infaltable Manuel Adorni. Mientras tanto, cada vez se hace más evidente la voluntad del Gobierno de quedarse con la caja del sector. 

Modelo social o modelo médico

Que la Andis retorne a la incumbencia exclusiva de la cartera conducida por Mario Russo no es solo una decisión administrativa. Gabriela Bruno, militante por los derechos de las personas con discapacidad, explicó a Pausa: “pasar al Ministerio de Salud define cómo se vuelve a ver la discapacidad desde el modelo médico hegemónico, el modelo rehabilitador, porque vuelve a ponerse el foco en salud-enfermedad, cuando justamente la discapacidad no es salud o enfermedad. No somos personas a ser curadas, tenemos una situación y necesitamos que se trabaje por la accesibilidad: accesibilidad edilicia, urbana, comunicacional, actitudinal; que se diseñen políticas públicas que garanticen el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación. Como cualquier otra persona, poder ir a un supermercado, desplazarte, tomarte un cole. Todas esas cuestiones deben trabajarse transversalmente”. ¿Cómo? Dando participación a todas las áreas que sean requeridas. Ahí está la discusión: modelo médico hegemónico (rehabilitador) versus modelo social de la discapacidad. “La Andis permitía tener ese diálogo, esa injerencia con todos los ministerios, porque es pensar la ciudadanía con discapacidad, y que todas las políticas públicas que se lleven adelante tengan la perspectiva de discapacidad”.

Bruno no es la única que salió a alertar sobre lo que está sucediendo. En una misiva dirigida al ministro Russo y al director de Andis Diego Spagnuolo, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesta por 400 organizaciones, exigió al Ejecutivo que derogue los artículos 8 y 9 del decreto 585 y que “garantice recursos suficientes para cumplir con las obligaciones convencionales y constitucionales que el Estado tiene con el colectivo”. Porque hay un dato que no es menor (salvo para los libertarios y su nulo apego a la Carta Magna): el modelo social de la discapacidad está materializado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de Naciones Unidas de 2006 al que Argentina adhirió en 2008. Es decir, en nuestro país ese modelo no es algo que cada gobierno puede remover a su antojo, porque tiene rango constitucional.

El perro fake

A 15 días de la firma del decreto 585, Infobae publicó una denuncia hecha por el Gobierno en la que se habla de “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Andis, por un total de 3.400 millones de dólares. 

“No había controles en la Agencia. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, aseveró Spagnuolo ante ese portal. Y aún sin datos concretos en mano, anticipó: “Estamos seguros que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja”. 

La presentación judicial enumera supuestos casos de personas que cobraban pensiones sin tener discapacidad, incluyendo algunas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles. La investigación también observa el uso indebido del programa nacional Incluir Salud, creado para brindar cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones nacionales no contributivas.

La publicación arriesga que “según el primer corte de auditoría realizado por funcionarios de La Libertad Avanza, solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumple con los requisitos”. 

El mismo día de esa publicación, el 19 de julio, el vocero presidencial mostró en conferencia de prensa una placa donde se veía la cola de un animal que supuestamente una persona había presentado para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar. "Uno puede confundir cualquier cosa, pero ¿qué se pensaban que era la cola del perrito? Este era el nivel de descontrol", graficó. Más adelante, con la bestialidad discursiva que tanto lo enorgullece, Manuel Adorni añadió: “a finales del año pasado había 1.222.000 beneficiarios de pensiones por invalidez. Ni un país que haya sufrido una guerra o una catástrofe tiene semejante cantidad de beneficiarios”.

No pasaron 24 horas que el extitular de Andis Fernando Galarraga le respondió por X: "Ese expediente fue denunciado y archivado. La persona solicitante nunca cobró ni cobra una pensión ¿A quién quieren meter el perro? Es evidente: a la gente. Y lo hacen con mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene".

Coherencia en la crueldad

Si hay prestaciones o pensiones para personas con discapacidad que han sido otorgadas irregularmente, debe investigarse. Eso no se pone en duda aquí. El tema es que la recurrente modalidad utilizada por el Gobierno para estos casos le quita credibilidad. Lo hicieron con los comedores, con las bibliotecas populares, con la cultura, hasta con los medicamentos oncológicos: primero cortaron de cuajo los fondos bajo la suposición de que todo está putrefacto de corrupción y negociados, y después iniciaron las auditorías. En esta ocasión, primero subsumieron, vía decreto, el área de Discapacidad a un solo ministerio (lo cual anticipa reducción de servicios y recursos), y después presentaron una denuncia para justificar los recortes que se vendrían. Y en el camino, estigmatizaron a todo un colectivo en condición de alta vulnerabilidad, utilizando un perro fake, o deslizando livianamente que solo el 7% de las pensiones por invalidez está bien otorgado. Sin aclarar que ese dato surge de la pequeña muestra hasta ahora auditada, lo que siembran en el imaginario de la población en general es que el 93% de las personas que dicen ser discapacitadas no lo son. Que forman parte de la larga lista negra de chantas que este Gobierno viene elaborando mediante mentiras y datos sesgados.

¿Cuál será, entonces, la verdadera razón de estas decisiones? Gabriela Bruno no lo duda:

—Está claro que todos los ajustes de este Gobierno tienen que ver con tocar grandes cajas. Una es la de la pensión (no contributiva), poniendo este halo de sospecha y diciendo que a las personas no les corresponde. A su vez, cuando se corta esa pensión nacional, se corta el programa Incluir Salud, que es lo que permite a muchas personas poder ir a un centro de día, contar con un transporte, pagar un hogar en caso de que no tengan familia continente, tener estimulación temprana. Estamos hablando de montos muy grandes ¿Quién da cuenta de eso? ¿En qué pasarían a utilizarse? 

Asimismo, remarca, todo ello parte de una lógica de achique del Estado según la cual “garantizar derechos para personas con discapacidad es un gasto”, porque además “no es una temática que les interese ni una prioridad”. “Su lógica es la del ´sálvese quien pueda’, quien tenga recursos para trasladarse, lo hará. Y los que no, volverán al encierro o quedarán directamente anulados”. 

—Demuestran un nivel de indolencia y crueldad muy grande.

—Terrible. Primero, poner en duda que las personas con discapacidad tienen discapacidad ya es tremendo. Y en vez de pensar cuáles van a ser las políticas para dar respuesta a esas necesidades, plantean que van a hacer recortes sobre un grupo poblacional que ya hemos estado históricamente relegados…. Sí, es más de la crueldad que maneja este Gobierno. Va en línea con todo lo que se ve que les interesa: pegarle al blanco de los colectivos vulnerabilizados. 

—Ahora, si algo no se les puede decir es que son inconsistentes. 

—No, claro. Son pura coherencia.