Este lunes el Poder Ejecutivo vetó de forma absoluta el proyecto votado por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. El gobierno informó que otorgará un bono de 70 mil pesos. Con ese extra la mínima queda en 304 mil pesos, mientras que con la ley quedaba en 317 mil.
A través del decreto 782/2024, publicado a primera hora de este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de movilidad jubilatoria de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso. El veto ya había sido anticipado y firmado por el presidente Javier Milei el fin de semana.
La norma lleva además la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley. En suma, indicó que se traduciría en un gasto que no estaba proyectado en el Presupuesto de este año de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”, explica la norma y agrega: “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
En ese sentido, advierten que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina , ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
Una miseria
El gobierno nacional decidió en marzo, por decreto, una nueva fórmula jubilatoria que se ajustaba por inflación. Ante esto surgieron algunas objeciones, como que si los salarios le ganan a la inflación, los jubilados no; y qué pasaba con la pérdida del poder adquisitivo sufrida en enero y febrero, ya que la inflación de enero fue 20,6% pero a los jubilados les dieron 12,5%.
En el Congreso la oposición convirtió en ley la misma fórmula del presidente, pero con algunos beneficios más: aumento del 8,1% para cubrir lo que faltaba de enero; que el haber mínimo sea equivalente al 1,09% de la canasta alimentaria; y una pequeña compensación si los salarios le ganan a la inflación.
El gobierno decidió vetar completamente la ley y ahora comenzará la danza de la rosca: si la oposición junta dos tercios en ambas cámaras, puede dar vuelta el veto de Milei a la nueva movilidad jubilatoria.