Desde que Javier Milei eliminó las partidas para cubrir el déficit previsional, se aceleró el proceso de reforma jubilatoria en la provincia. Una ley en tiempo récord que no soluciona los problemas de fondo.

En apenas nueve meses, la motosierra de Javier Milei logró que la provincia de Santa Fe modifique en forma estructural su sistema previsional, algo que no ocurría desde el año 2005 cuando se estableció el 82% móvil para los jubilados del sector público.

La reforma jubilatoria que empuja el gobierno de Maximiliano Pullaro, que tuvo media sanción del Senado el 5 de septiembre y fue convertida en ley una semana después por la Cámara de Diputados, apunta a reducir en forma progresiva el déficit del sistema previsional a la luz de la decisión de Nación de dejar de financiar ese rojo.

No es un problema nuevo, pero cobró mayor relevancia este año. Según cálculos oficiales, entre 2020 y 2023, a partir de la reducción de las partidas de la Anses destinadas a financiar las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la órbita nacional, se generó una deuda a favor de Santa Fe de alrededor de 400 mil millones de pesos. A valores actuales, se calcula que esa deuda ronda los 700 mil millones de pesos.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue el decreto 280/24 firmado a principios de año por el presidente Milei, a través del cual se formaliza la decisión de eliminar del presupuesto nacional las partidas destinadas al Fondo de Incentivo Docente, los subsidios para el transporte público y, además, los recursos para cubrir el déficit previsional de las provincias que administran sus propias cajas, entre ellas Santa Fe.

La reforma jubilatoria es ley y hay gases para la gente en la Legislatura

A partir de allí, se puso en marcha el debate entre el gobierno y los gremios para reformar las leyes jubilatorias vigentes. El oficialismo impuso con comodidad su mayoría en la Legislatura y la reforma fue aprobada en las dos cámaras con apenas una semana de diferencia. Todo un récord que da cuenta de la amplia hegemonía con que cuenta el gobierno de Pullaro.

Para acelerar el proceso, al Ejecutivo le bastó con exhibir los datos del déficit previsional proyectado para 2024, que el Ministerio de Economía calculó en 430 mil millones de pesos, una cifra equivalente al rojo acumulado entre 2020 y 2023. Con esta reforma, el –modesto– objetivo del gobierno provincial es reducir entre un 20% y un 30% el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Reforma de las jubilaciones en Santa Fe

Al momento de enviar el proyecto a las cámaras, después de un mes y medio de debate en la comisión bicameral que se dedicó a analizar la situación de la Caja de Jubilaciones, el gobierno de Pullaro destacó que la reforma mantiene las edades jubilatorias vigentes, establece que quien más más aporta y propone un aporte solidario para activos y pasivos por el lapso de tres años, además de introducir una serie de cambios en los regímenes especiales de docentes y policías.

Para avanzar en los cambios estructurales que supone el nuevo sistema, la Legislatura declaró, a pedido de Pullaro, la emergencia del régimen previsional en todo el sector público de la provincia de Santa Fe por los próximos dos años, facultad prorrogable por un año más para el Ejecutivo.

Uno de los puntos más cuestionados es el aporte solidario que deberán realizar los beneficiarios de la Caja –actuales o futuros– y que se calcula sobre el total de los haberes que perciben. Ese aporte se descontará durante el plazo de vigencia de la emergencia –de 24 a 36 meses– y las escalas van del 2% al 6%, de acuerdo al beneficio percibido:

  • 2% si perciben entre 3 y 5 jubilaciones mínimas.
  • 3% si perciben entre 5 y 8 jubilaciones mínimas.
  • 4% si perciben entre 8 y 11 jubilaciones mínimas.
  • 5% si perciben entre 11 y 14 jubilaciones mínimas.
  • 6% si perciben más de 14 jubilaciones mínimas.

El texto original del Ejecutivo establecía que el aporte solidario lo pagarían los jubilados y pensionados que cobran haberes a partir de 2 jubilaciones mínimas. El Senado modificó ese artículo y fijó el piso del aporte a partir de 3 jubilaciones mínimas.

Además, quienes perciban más de una prestación de la Caja de Jubilaciones de la provincia realizarán el aporte solidario sobre la sumatoria de ambos beneficios.

En tanto, los trabajadores activos realizarán un aporte solidario durante 36 meses y por un equivalente a un 2,77% de sus sueldos quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete o que hayan ingresado al Estado a partir del 11 de diciembre de 2023.

Al final, la casta eran los jubilados

Suben los aportes y hay tope

La reforma previsional establece que el personal en actividad eleve su aporte de manera escalonada: actualmente todos aportan un 14%, pero a partir de ahora los aportes se incrementarán en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21%, dependiendo del ingreso percibido. En otras palabras: quien más gana, más aportará. Esto incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes del Estado.

También se implementa un tope de haberes para los pasivos: actualmente hay beneficiarios que cobran un equivalente de hasta 32 jubilaciones mínimas, pero a partir de ahora se aplicará un tope por el cual nadie cobrará más de 20 jubilaciones mínimas. Además, se mantienen las edades vigentes para acceder a la jubilación: 60 años para las mujeres y 65 para los varones, siempre con un mínimo de 30 años de servicios. 

Cambios para jubilaciones docentes y policiales

Podrán acceder a la jubilación los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que tengan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicio docente prestados en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial no universitarios.

En el caso de tratarse de afiliados docentes que acrediten 30 años de servicios prestados en su totalidad frente al aula en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, en los niveles inicial, primario y secundario, estos últimos con un mínimo de 30 horas cátedra y/o se hubieren desempeñado en cargos directivos o de supervisión en los mencionados establecimientos y que tengan 57 años de edad, también podrán obtener el beneficio.

Las modificaciones también alcanzan al régimen policial, que incluye al personal de la Policía de la provincia, del Servicio Penitenciario y del Iapip. En este caso, los aportes serán del 17% al 20% de su remuneración, dependiendo del cargo que ocupan y de la institución a la que pertenezcan.

¿Qué pasa con las edades?

La reforma jubilatoria le otorga una serie de herramientas al Poder Ejecutivo para continuar los cambios sobre el sistema previsional sin necesidad de pasar por la Legislatura. Ese punto ya fue cuestionado por los gremios del sector público, que anticiparon que pedirán que se declaren como inconstitucionales.

Entre esas herramientas se encuentra una disposición transitoria que determina que, en caso de que la Nación aumente las edades para acceder la jubilación, el Ejecutivo provincial quedará habilitado a llevar adelante los mismos cambios hasta llegar a las mismas edades y, además, podrá determinar la gradualidad de su implementación.

Los motivos del gobierno

El crecimiento del déficit previsional en Santa Fe, que se disparó a partir de la decisión del gobierno nacional de no enviar más las partidas necesarias para financiar ese rojo, es el principal motivo que esgrimió la provincia al momento de plantear el debate por la reforma jubilatoria.

“Buscamos corregir un déficit que crece de manera exponencial y que pagan todos los santafesinos”, explicó el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, tras el envío del proyecto a la Legislatura. “El déficit seguía una curva creciente que alcanzaría, en 2024, los 430 mil millones de pesos. Esa curva nos llevaba a un punto donde ya no había un Tesoro que pudiese atender semejante volumen de déficit e iba a llegar un momento que no iba a ser viable ni siquiera atenderlo”.

En el gobierno de Pullaro entienden que el rojo del sistema jubilatorio no es un tema coyuntural que surge a partir de las decisiones de Milei, sino que se trata de un problema estructural que es necesario corregir para que no siga creciendo en forma exponencial.

Según el ministro Olivares, “lo que estimamos con esta reforma es que en un primer tramo del primer año disminuiremos (el déficit) entre un 25% y un 30% y además que esa función tienda primero a desacelerarse y luego decrecer, en el largo plazo. Lo más relevante es que pasamos de una creciente exponencial a una que comienza a tener una pendiente nula y luego una pendiente negativa”.

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