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El Consejo Interuniversitario Nacional publicó un comunicado rebatiendo una serie de argumentos que quiere instalar el oficialismo en el marco de su campaña para estigmatizar a las altas casas de estudio y seguir pulverizando los salarios de sus trabajadores.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó un comunicado titulado "5 mentiras y 5 verdades sobre las universidades públicas" para refutar una serie de argumentos que el gobierno de Javier Milei está intentando instalar como parte de su campaña para estigmatizar a las altas casas de estudio y seguir pulverizando los salarios de sus trabajadores. Esto se da en el marco del veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario, que podría ser rechazado en la Cámara de Diputados de la Nación el próximo miércoles.
🇦🇷 Las universidades públicas de Argentina se pronuncian ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran.
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— CIN (@CINoficial) October 4, 2024
"Las universidades públicas de Argentina se pronuncian ante la difusión de una serie de mentiras que las involucran", comienza el comunicado del CIN, que en su primer punto destaca: "Es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos. En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología".
"Es falso que los pobres no estén en las universidades", afirma el segundo ítem: "El 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH-INDEC). Casi siete de cada 10 alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior".
"Es falso que no se audite lo que las universidades gastan", resalta el CIN, en lo que es una de las principales excusas del gobierno para justificar el desfinanciamiento: ""Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden. Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto".
"Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general", continúa el comunicado: "Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado nacional. Los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 por ciento de las y los no docentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante 2024 fue de más del 30%".
"Es falso que la Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal", destaca el CIN en el último punto, y se explaya: "La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14% del PBI. Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los Bienes Personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otra lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado".
