Mientras Brasil discute su soberanía digital e intelectuales denuncian la colaboración alarmante de los gigantes de las IT con la ultraderecha a nivel global, la ONU impulsa un Pacto Digital Mundial.

A mediados del pasado septiembre, tras las tensiones desatadas por la orden judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil para suspender la red social X, un grupo de intelectuales publicó una carta abierta que apunta a la necesidad de establecer bases firmes para la construcción de soberanía digital en contra del modelo de hegemonización global que llevan adelante con ferocidad las empresas tecnológicas del ámbito de la información.

En el texto, los más de 50 firmantes, expresaron su “profunda preocupación por los continuos ataques de las grandes empresas tecnológicas y sus aliados a la soberanía digital de Brasil”. Los intelectuales, del universo de las IT y los derechos digitales, señalaron la disputa de Brasil con Elon Musk cómo “el último ejemplo de un esfuerzo más amplio para restringir la capacidad de las naciones soberanas de definir una agenda de desarrollo digital libre del control de las megacorporaciones con sede en Estados Unidos”.

El contexto de la misiva fue el de la suspensión de X en Brasil, a finales de agosto, frente a la renuencia sistemática de los representantes de la compañía de colaborar con la justicia brasileña en las investigaciones llevadas a cabo en torno a la utilización de la plataforma digital para promover el asalto al Palacio de Planalto, la sede del poder político del país vecino, en 2022.

“El presidente Lula da Silva dejó en claro la intención del gobierno brasileño de perseguir la independencia digital: disminuir la dependencia de los países de entidades extranjeras para datos, capacidades de inteligencia artificial e infraestructura digital y promover el desarrollo de ecosistemas tecnológicos locales”, señalaron en relación al conflicto desatado los autores de la nota. “De conformidad con estos objetivos, el Estado brasileño también pretende obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar impuestos justos, cumplir con las leyes locales y rendir cuentas de las externalidades sociales de sus modelos de negocio, que a menudo promueven la violencia y la desigualdad” resaltaron.

El presidente de las redes sociales

En su carta abierta, los tecnólogos advirtieron que las empresas “han comenzado a organizarse ellas mismas y sus aliados dentro y fuera del país para socavar las iniciativas que apuntan a la autonomía tecnológica de Brasil” y con ello envían un mensaje preocupante al mundo “los países democráticos que buscan independizarse del dominio de las Big Tech corren el riesgo de perturbar sus democracias, y algunas Big Tech apoyan a movimientos y partidos de extrema derecha”.

Un Pacto Digital Mundial

En el mismo sentido que los expertos, uno de los ejes especiales del Pacto del Futuro, resultado de la Cumbre del Futuro de la Organización de Naciones Unidas a fines de septiembre, invita a los países miembro a mantener la atención sobre el desarrollo tecnológico, sus usos aplicados y sus posibles riesgos.

El anexo I del acuerdo, consensuado por las naciones parte del organismo supranacional, se dedica íntegramente al Pacto Digital Mundial, que reconoce la necesidad de “determinar y mitigar los riesgos y garantizar la supervisión humana de la tecnología para promover el desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos” aspirando a la consecución de un futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo y seguro para todos” fuera del ámbito militar.

El documento internacional señala, entre otros varios puntos que “para lograr una inclusión equitativa y significativa en la economía digital es necesario abordar la concentración actual de la capacidad tecnológica y el poder de mercado” para lo que se proponen coordinar esfuerzos en “garantizar que los beneficios de la cooperación digital se distribuyan equitativamente y no agraven las desigualdades existentes ni impidan la plena consecución del desarrollo sostenible”.

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Exactamente a contramano

Los ejes del PDM van precisamente en contra del horizonte ideológico de la Nueva Derecha; el respeto, protección y promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en el ámbito digital como fuera de él, los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad y el derecho al desarrollo; la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y su participación plena, igualitaria y significativa en el espacio digital, la eliminación de la brecha digital de género, el fomento del liderazgo femenino, la transversalización de la perspectiva de género, la eliminación de todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, que se producen o amplifican por el uso de la tecnología; el aprovechamiento de las tecnologías digitales para fomentar las políticas de sostenibilidad ambiental y la minimización de efectos negativos en el medio ambiente.

El Pacto persigue una compatibilidad entre sistemas de información interoperables, accesibles, asequibles y los principios de gobernanza global frente al desarrollo irrefrenable de la Inteligencia Artificial, apuntando a un trabajo cooperativo entre los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones civiles.

Entre varios puntos el PDM persigue la Conectividad Universal, junto con la inclusión de 2.600 millones de personas que aún no cuentan con conexión de internet, a través de abonos básicos y asequibles, infraestructura digital resiliente, como la soberanía satelital, o el alquiler accesible de órbitas satelitales, la conexión a la red de todos los hospitales y escuelas; la Alfabetización, destrezas y capacidades digitales, incorporando esos contenidos a los planes de estudio obligatorios y adaptándolos a múltiples formatos para el acceso de toda la población, así como el reciclaje de los desempleados por la digitalización progresiva de ciertas tareas transformándolos en agentes digitales, y alienta la concepción de Bienes públicos digitales e infraestructura pública digital, punto que dialoga con la realidad de Brasil y las iniciativas internacionales que buscan colocar al Estado como responsable de los procesos de digitalización, avanzando en programas informáticos de código, datos, modelos de inteligencia artificial y normas abiertas que sean seguros y beneficien a los sujetos de toda la sociedad.

En cuanto a las empresas, el pacto exhorta con urgencia aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de sus sistemas, incluyendo “la moderación de contenidos” y “los algoritmos de recomendación” además del “tratamiento de los datos personales de los usuarios”.

Exigen que permitan a los investigadores acceder a los datos sobre el modo que emplean, o no, de hacer frente a las fake news, la desinformación y el discurso de odio que puedan servir de base para políticas, normas y mejores prácticas gubernamentales y sectoriales y les invitan a seguir “desarrollando soluciones y comunicando públicamente las medidas que hayan tomado para contrarrestar posibles daños, como el discurso de odio y la discriminación, derivados de los contenidos de inteligencia artificial”.

El mundo avanza en el diseño de una gobernanza democrática sobre las tecnologías de la información y la Inteligencia Artificial, centrada en el desarrollo social y económico, la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos de los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad ¿qué clase de empresario o presidente podrían estar en contra de eso?