La gran mayoría de la docencia cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. Mientras el gobierno se sigue negando a dialogar, la gran apuesta es este 2 de octubre: una nueva Marcha Federal Universitaria.

Más del 85% de las y los docentes y más del 60% de las y los no docentes del sistema universitario cobran sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Así lo reveló un estudio de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín, que pone de manifiesto la estrategia de Javier Milei. En lugar de cerrar o arancelar las universidades públicas, el gobierno las somete a una sangría lenta y dolorosa, desfinanciando a las instituciones y perforando los bolsillos de las y los trabajadores que las sostienen.

La estampida inflacionaria –con devaluación incluida– producida en los primeros dos meses del gobierno de Milei fueron un ancla de la cual los salarios de la docencia universitaria jamás pudieron recuperarse. Desde diciembre de 2023, los sueldos perdieron el 57,71% frente a los precios; en el cargo inicial, la brecha alcanza el 101,8%.

Además, explica Oscar Vallejos, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) –que forma parte de la CONADU Histórica–: “El gobierno congeló la garantía salarial”, que establece un piso para los cargos que menos cobran; “entonces, quienes menos ganan han tenido una pérdida salarial mucho mayor”.

La masiva Marcha Federal Universitaria realizada en abril consiguió una –insuficiente– actualización en los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, pero el atraso en los salarios se profundizó debido a la persistencia del gobierno en su estrategia de no dialogar con las organizaciones sindicales.

En algún momento, la Secretaría de Educación anunció que se iba a conformar una Comisión Técnica Tripartita para “acercar las diferencias” entre gobierno y gremios; pero la instancia jamás existió. “Fue una farsa más de este gobierno, fue propuesta como una gran bandera de diálogo, pero era falsa; el gobierno no tiene ningún interés en negociar con las entidades sindicales”, enfatizó Vallejos.

La propuesta unilateral firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, que buscaba imponer un 3% de aumento para agosto y un 2% para septiembre, fue la gota que rebalsó el vaso, y marcó el puntapié inicial de una serie de medidas de fuerza de la docencia y la no docencia. El 26 y 27 de septiembre hubo un nuevo paro nacional de 48 horas, antesala a la nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar este miércoles 2 de octubre.

“Va a ser una ocasión más para que toda la comunidad universitaria y la ciudadanía entera expresen el apoyo a la universidad pública, y que el gobierno que no le conviene políticamente vetar la ley, que hay una voluntad popular mayoritaria que le exige que atienda de manera especial la universidad; y si hay veto, que el parlamento escuche la señal del pueblo e insista con la ley”, sostuvo Vallejos.

Veto a la universidad

Esta vez, las y los trabajadores tienen un horizonte claro: la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en ambas cámaras y que Milei amenazó con vetar. La misma propone actualizar cada dos meses los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades de acuerdo a la inflación, y tendría efecto retroactivo: la recomposición comprendería hasta el 1 de diciembre de 2023.

“Vamos a llegar a diciembre con el peor salario en la historia de la universidad”, pronostica Vallejos, y agrega: “Los trabajadores que más han perdido en el Estado nacional somos los docentes universitarios. Tenemos los sueldos más bajos y hemos recibido los incrementos más bajos de todo el Estado”.

Además, Vallejos resalta la importancia de la Ley de Financiamiento, que “reconoce gastos para investigación, desarrollo y extensión y obliga al gobierno a equiparar salarios e inflación”: “Los gastos de funcionamiento sirven para pagar la luz y tener algunos equipamientos, pero hace falta más para sostener las actividades sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión. Para que haya docencia universitaria tiene que existir la posibilidad de producir el conocimiento que la universidad enseña. Para poder hacer eso hay que establecer recursos necesarios. La universidad podrá estar abierta, pero se va a convertir en una cáscara vacía si no garantizamos que sea posible sostener la investigación y la extensión y formar cuadros docentes jóvenes con vocación académica”.