Vayan prendiendo el fuego

Por
Octavio Gallo
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universidad

Con el apoyo de los aliados de siempre -¿habrá asado?-, Milei logró ratificar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La lucha recién empieza: crece el número de facultades tomadas y ya anuncian paros en todo el país.

En una nueva demostración de que las valijas pesan más que el clamor popular, la Cámara de Diputados de la Nación ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Fue con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones sobre 249 legisladores presentes; la oposición necesitaba el respaldo de dos tercios de los presentes para imponerse. El gobierno volvió a desoír las masivas marchas que colmaron las calles en todo el país y blindó el veto con la inestimable colaboración de las fuerzas aliadas, para garantizar el recorte de fondos a la universidad: ¿esta vez también habrá asado?

Se sabía ya que el veto contaría con el apoyo del Pro, luego de que el ex presidente Mauricio Macri ordenara a su tropa. Nuevamente, el macrismo simuló un supuesto “enojo” con los maltratos del gobierno que parecía hacer tambalear su acompañamiento, y dos días antes de la votación despejó las dudas confirmando lo que ya todos imaginábamos: que iba a apoyar el veto. Sólo dos de sus 38 diputados contradijeron la postura del partido.

Para asegurarse los votos restantes, a La Libertad Avanza le bastó  ̶s̶o̶b̶o̶r̶n̶a̶r̶  acordar con cuatro radicales y con un puñado de diputados de bloques provinciales. En concreto, fueron tres de Independencia (que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo) y uno de Por Santa Cruz (José Luis Garrido, que responde al mandatario Claudio Vidal y que hace dos meses había votado a favor del proyecto).

A ellos se sumaron las abstenciones del radical Pablo Cervi, de cuatro diputados de Innovación Federal (Misiones) y la ausencia de la catamarqueña Fernanda Ávila, de Unión por la Patria; los cinco habían votado a favor de la ley en agosto, y ninguno explicó los motivos que revirtieron su decisión. El misionero Alberto Arrúa había declarado dos días antes de la sesión: “Voy a votar por la insistencia de la ley y calculo que mis compañeros de bloque también”. ¿Cuánto habrá costado su cambio de opinión?

Con los votos radicales, la ley hubiera salido, y la universidad pública, bastión histórico de la UCR, tendría garantizados los fondos que necesita para seguir funcionando. Con los votos que el oficialismo rascó de los espacios provinciales, tampoco hubiera corrido el veto de Milei.

La lucha recién empieza

Luego de que se ratificara el veto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total para hoy, e instó a “consolidar del plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario”: "La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías”.

El movimiento estudiantil también entró en acción. Ya hay facultades tomadas en la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Cuyo; y seguramente se irán sumando más facultades en los días venideros.

La vía parlamentaria ya halló un límite, marcado por la intención evidente de Milei de gobernar a través del veto y por la facilidad que encuentra para captar voluntades que se lo permitan. Ahora, la respuesta deberá ir necesariamente por otros canales no tan institucionales; la unidad entre gestión, docencia y estudiantado será clave.

Subieron y patearon la escalera para que nadie más suba

28 de los 85 “héroes” que ratificaron el veto de Milei se recibieron en la universidad pública. Uno de ellos es el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro (PRO) que en su discurso expresó su preocupación por “el mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores y a las consultoras de riesgo”. Más claro echale agua: a quien le rinde cuenta es a ellos, no a la ciudadanía. “Me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo”, añadió.

Otra de las traidoras fue Silvia Lospenatto, también del PRO. “Soy hija de la universidad pública, gran parte de mi progreso profesional se lo debo a mis padres y a la UBA. Ser la primera universitaria de mi familia es mi mayor orgullo. Quiero que todos tengan esa oportunidad”, tuiteó en el bicentenario de la UBA. Tres años después, acompañó la medida que puede significar su quiebra.

Entre quienes mordieron la mano de la institución que les dio de comer hay cinco santafesinos: Germana Figueroa Casas (PRO), contadora egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y docente de Finanzas Públicas en la UNR; Luciano Laspina (PRO), economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR; Alejandro Bongiovanni (PRO), abogado por la Facultad de Derecho de la UNR; Romina Diez (LLA), economista por la UNR; y Nicolás Mayoraz (LLA), abogado por la Facultad de Derecho de la UNR.

Todos ellos decidieron ignorar la carta abierta firmada por los rectores de su propia universidad (la UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), que pidieron el acompañamiento a la Ley. "Esta ley, que es un pedido de auxilio ante la imposibilidad de encontrar respuestas, es una ley razonable que resuelve el problema salarial y presupuestario y lo hace responsablemente, sin comprometer fiscalmente al Estado y cuidando la economía del país", señalaba la misiva firmada por Enrique Mammarella (UNL), Rubén Ascúa (UNRAF) y Franco Bartolacci (UNR).

“Pedimos a todos, especialmente a quienes se han formado en nuestras Universidades Públicas, que resguarden para las próximas generaciones el mismo derecho que permitió a las nuestras ser profesionales", concluía la carta; pero los diputados clavaron el visto.

No digan que no les avisamos

Desde su asunción, el presidente seleccionó como uno de sus blancos predilectos a las universidades públicas, y eligió para ellas el método de la muerte lenta, a través de la asfixia presupuestaria. También agujereó el bolsillo de sus trabajadores: el poder adquisitivo de los salarios de la docencia universitaria cayó un 19,8% en la era Milei.

Para morigerar el daño de la motosierra, la Ley de Financiamiento Universitario planteaba dos puntos sencillos: la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado y la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada.

Las demandas eran razonables, pero Milei no dudó en vetar la ley, amparándose en una serie de excusas conocidas: planteó que su aprobación conduciría al déficit fiscal (mentira: se trata de apenas el 0,14% del PBI, lo mismo que el gobierno dejó de percibir por la baja de Bienes Personales), pidió a las universidades que “muestren las facturas” (cuando son las entidades del sector público más controladas, con auditorías internas y externas permanentes) y, en un súbito ataque de justicia social, hasta argumentó que los pobres no llegan a la facultad (*meme de Iorio* ¡y entonces mejorala en vez de desfinanciarla, gordo!).

Nada de esto en realidad les importa. Una vez más, el gobierno hace gala de su cobardía, sin animarse a ir de frente y explicitar su objetivo real: estrangular a las universidades públicas hasta que cierren, o, en su defecto, no les quede otra que recurrir al arancelamiento. Es así de sencillo.

Tu profesor no llega a fin de mes

¿Cómo votaron los diputados santafesinos?

Los seis diputados santafesinos del Pro dieron luz verde al veto de Milei. Se trata de los legisladores Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni, José Núñez, Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.

También acompañaron el recorte de fondos a las universidades los tres legisladores de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci.

Los diez diputados restantes rechazaron el veto. Son de Unión por la Patria (Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Germán Martínez); de Encuentro Federal (Mónica Fein y Esteban Paulón); y de la Unión Cívica Radical (Melina Giorgi y Mario Barletta).

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