Las declaraciones de la ministra de Seguridad continúan por la senda de la irresponsabilidad y el empoderamiento del aparato represivo del Estado. Un mensaje: apoyo incondicional a las fuerzas.

“Se ha hecho un trabajo profesional. La realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano, en ese momento, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada”, lanzó Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados.

Así, la ministra de Seguridad informaba algo novedoso: que los niños y niñas llegan a las marchas “ya gaseados”. La declaración no es una anormalidad en la praxis política de Bullrich, sino que forma parte más bien de su estilo.

El gobierno tiene un modo constante de responder a reclamos legítimos con argumentos que danzan entre la ridiculez y la tomada de pelo, buscando cambiar el eje de discusión hacia las declaraciones mismas y no hacia el fondo de la cuestión. Pero en el caso de Bullrich pareciera haber una profunda convicción de que lo que dice es así. Y tal vez es lo más preocupante.

“Yo recién vi a las 12 de la noche el video, porque no me parece bien centrarme en la victimización de una nena... Los nenes no pueden ir a una marcha”, había dicho Bullrich con el periodista Eduardo Feinmann. ¿Quién lo determina? Bullrich asume que llevar niños y niñas a una manifestación implica un riesgo, aseveración que puede ser discutida.

Imaginemos un fin de semana cualquiera en el que se lleva a un niño a la cancha a ver un partido de fútbol, y a la salida de la cancha se generan disturbios. La Policía interviene y reprime a los asistentes, entre los que se encuentra el niño. A nadie se le ocurriría cuestionar a esa familia que decidió llevar niñxs a la cancha. En todo caso, puede entrar en discusión la violencia provocada en torno al evento, pero no la decisión de un adulto de asistir al evento con una persona menor de edad.

Asociar una manifestación con un riesgo es asumir que aquellas que implican un peligro son las que estarán intervenidas por un operativo policial. Es claro que solo a algunas manfiestaciones se envía la Policía. Entonces, el riesgo depende de la voluntad de los funcionarios que comandan represiones desmedidas.

El último punto relevante es el cuestionamiento sobre las capacidades de paternar o maternar de las personas que deciden llevar a sus hijxs a una manifestación. Las críticas parecen centrarse en el tipo de reivindicaciones. Si se trata del rechazo a una reforma jubilatoria o para defender la universidad pública, es someter a un niño o niña a un riesgo. Si se trata de una marcha que cuelga bolsas mortuorias o gillotinas con nombres de dirigentes o funcionarios públicos, no parece afectar la integridad de las infancias. 

Y ni hablemos de si se le acerca un micrófono a un niño y resulta ser un Casey Wander. En ese caso, la indignación inunda ciertas burbujas del espacio público. Y esa sensación llega a muchos que con una mano piden que “con sus hijos no te metas”, pero con el codo cuestionan vilmente la crianza ajena.

La actitud de Bullrich responde a un principio de protección del accionar de las fuerzas represivas de carácter incuestionable para la ministra. “Durante mi gestión, mantuve en todo momento no sólo una relación de respeto sino también de afecto hacia las fuerzas de seguridad; de consubstanciación con su estilo sobrio de cumplimiento de sus obligaciones y su vocación natural por el orden. Las defendí cada vez que se las atacaba injustamente, a veces a riesgo de mi propia posición”, escribió en su libro Guerra sin cuartel. En el mismo escrito señalaba: “Lo imprevisible, en cualquier Estado serio, es que un policía termine preso por cumplir con su deber”.

Luego, en su libro De un día para otro, Bullrich afirmó respecto de las fuerzas de seguridad que “son la única expresión de un gobierno a cielo abierto”. Y, de algún modo, los retrató en un lugar de desprotección social, al sostener que “un concierto amplio de jueces y fiscales [...] está esperándolos al otro lado del corredor de la libertad para hacerles pagar todo daño infringido a un delincuente”.

Bullrich dota a las fuerzas de seguridad de una serie de garantías, que más que garantías son facultades contrarias a la razonabilidad en la aplicación de la fuerza. Entonces, la represión a una niña no es un exceso, sino un efecto colateral de un accionar desmedido y amparado por una política represiva aún más desmedida.

Durante la campaña presidencial del año pasado, Bullrich expresó que ningún policía o gendarme “necesita una orden para desalojar un piquete: es un delito in fraganti”. Ella hablaba de “salir del caos”; el problema es concebir como un caos manifestaciones legítimas.

Esta premisa lleva a darle todo un marco reglamentario a la política represiva, con la batería de protocolos que desde el Ministerio de Seguridad impulsa Bullrich. Su incapacidad de mantener la prudencia se sustenta en uno de los valores que promueve en el “Decálogo del liderazgo en seguridad” de su libro Guerra sin cuartel: la firmeza. “Cuando adopte una decisión previamente estudiada, manténgala contra viento y marea. Su firmeza es la seguridad que necesitan sus subordinados”.

Pero la ministra confunde firmeza con imprudencia. Esta se manifiesta en la incapacidad de cuestionar las consecuencias que ocasiona la profundización de una política represiva en un contexto de crisis social. Pero también se hace presente cuando la ocupación de un rol institucional no admite sensibilidad alguna con una menor que resulta dañada físicamente por el propio Estado.

Tampoco aparece el rol institucional cuando el ejercicio de la función pública confunde una correcta administración y dirección de las fuerzas de seguridad con un liderazgo político ejercido hacia las mismas. Se entremezcla la propia función social de las fuerzas de seguridad con su invocación para causas particularizadas, que nada tienen que ver con el rol estatal.

El problema será cuando nadie pueda “salir gaseado de la casa” a una movilización, porque ya no se podrá salir de la casa.