Con la reforma judicial, el gobierno de Pullaro ya cuenta con el instrumento legal para renovar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Con la sanción de la reforma judicial por parte de la Legislatura santafesina, la provincia ya cuenta con un instrumento legal para poner en marcha el proceso de renovación del Poder Judicial, que implica –entre otros puntos– un nuevo diseño para la Corte Suprema de Justicia.

Al asumir al frente de la Casa Gris, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que una de sus metas iba ser la transformación de la Justicia, a la que definió como “cara e ineficiente”. En los primeros meses de gestión consiguió aval de la Legislatura para imponer una serie de reformas en el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y en algunos artículos del Código Procesal Penal y el jueves 14 de noviembre se sancionaron cambios de fondo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La nueva reforma amplía la cantidad de jueces de la Corte Suprema de seis a siete, más el procurador general. Y fija como límite de edad los 75 años, en línea con la legislación nacional. Con ese instrumento, el gobierno podrá avanzar sobre la composición del máximo tribunal, cuyos últimos cambios ocurrieron en el año 2000 –durante la segunda gestión de Carlos Reutemann– y en 2007, sobre el final del segundo mandato de Jorge Obeid.

En medio del debate sobre la reforma judicial, dos de los seis integrantes de la Corte –Mario Netri y María Angélica Gastaldi– anunciaron que se jubilarán el año próximo. Los otros jueces parecen dispuestos a resistir el embate del Ejecutivo.

Las dos renuncias y la silla extra que se agrega con la sanción de la reforma habilitan ahora al gobierno a iniciar el proceso de nombramiento de tres nuevos ministros para la Corte Suprema. Los postulantes serán evaluados por el Consejo de la Magistratura y luego el Poder Ejecutivo deberá elegir a los tres candidatos y remitir sus pliegos a la Asamblea Legislativa, el órgano que designa a jueces, fiscales, defensores y ministros de la Corte.

Si bien el gobierno no lo hizo público aún, la versión más fuerte indica que antes de fin de año serán enviados los pliegos a las cámaras legislativas. Allí empezará un nuevo debate en el cual el oficialismo tiene todas las de ganar porque cuenta con amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial.

La reforma, punto por punto

La nueva ley sancionada por la Legislatura en la sesión del jueves 14 tiene como meta modificar el sistema de Justicia de la provincia para “acercarlo a la sociedad, hacerlo más abierto, eficiente y dotarlo de mayor legitimidad”, según señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Los principales cambios al esquema actual son los siguientes:

• • La Corte Suprema pasará de seis a siete miembros, además del procurador general. Para funcionar, debe tener como mínimo cuatro integrantes designados.
  • Para la futura integración de la Corte, se deberá tener en cuenta la paridad de género, tal como establece la ley aprobada en 2020.
  • La edad límite para ocupar un cargo en la Corte a partir de ahora será de 75 años.
  • La Corte contará con dos Secretarías, una técnica y otra de gobierno. Cada una tendrá su correspondiente prosecretaría: una en Santa Fe y la otra en Rosario.
  • El mecanismo para la renovación de los integrantes de la Corte queda fijado por ley.
  • Se establece la obligación de publicar, cada año, un informe de gestión donde se rinda cuenta de la ejecución presupuestaria, tal como ocurre ahora con el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa Penal.
  • La Corte deberá también difundir las decisiones judiciales de todas las instancias y fueros de la Justicia santafesina.
  • Se habilita la realización de audiencias públicas para que la ciudadanía pueda opinar sobre la toma de decisiones en el ámbito judicial.
  • Todos los integrantes del Poder Judicial deberán presentar una declaración jurada patrimonial.

La decisión de ampliar de seis a siete la cantidad de integrantes de la Corte obedece a la idea de quitarle discrecionalidad a la corporación judicial ante una decisión sobre la cual no hay consenso. “Hoy, cuando los ministros empatan en un fallo, es una persona externa a la Corte quien desempata. Eso no puede pasar porque estamos hablando de decisiones de enorme trascendencia para la provincia”, explicó la diputada Lionella Cattalini.

Respecto de la obligación de publicar informes anuales de gestión, el diputado Joaquín Blanco remarcó la importancia de “crear mecanismos concretos, como la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, la realización de audiencias públicas, inclusive para el proceso de selección de los ministros de la Corte, como sucede a nivel nacional. Se trata de echar luz sobre un poder que la sociedad siente muy lejano e inaccesible”.

La nueva ley establece que los ministros de la Corte “cesan automáticamente en sus funciones” al cumplir 75 años y aclara que eso “no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad”. Para mantener en el cargo a un juez de la Corte que haya cumplido esa edad, será necesario un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, que se hará por un lapso máximo de cinco años.

En ese sentido, el diputado Rubén Galassi diferenció “inamovilidad de perpetuidad”. Y agregó: “Está claro que los jueces deben desarrollar su tarea sabiendo que no tienen condicionantes. Tener una fecha para retirarse es una certeza para hacer su trabajo como corresponde. Ningún poder del Estado puede tener el privilegio de saber cuándo entra en funciones, pero no cuándo finaliza”.

La paridad de género en la Corte –que hoy está integradas por cinco varones y una sola mujer, María Angélica Gastaldi– estará regida por el artículo 11 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los procedimientos de nombramiento de ministros/as y procurador/a general y la inclusión de nuevos miembros atenderán, de manera progresiva, a posibilitar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar la diversidad de especialidad y procedencia regional”.

De Reutemann a Pullaro

La Corte Suprema de Santa Fe está integrada por seis jueces: Rafael Gutiérrez (actual presidente), Roberto Falistocco, Mario Netri, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta, el último miembro cuyo ingreso fue en 2007.

Dos de ellos –Netri y Gastaldi– ya iniciaron sus respectivos trámites de jubilación y dejarán sus cargos en la primera mitad de 2025. Salvo Erbetta, el único que cumple con los requisitos de edad y cuya función no ha sido objetada, el resto de los ministros de la Corte están bajo la lupa del gobierno, que los responsabiliza por lo que considera un servicio de Justicia “caro e ineficiente”.

Desde la asunción de Pullaro y a lo largo de todo el año, la tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial fue escalando al calor de las críticas cruzadas, en público, desde ambos bandos.

El portavoz de los cortesanos es Rafael Gutiérrez, quien arremetió más de una vez contra el gobierno de Pullaro por lo que considera una intromisión indebida que afecta la división de poderes.

Desde que la Casa Gris puso en marcha el debate por la reforma judicial, con la edad de jubilación como uno de los puntos centrales, Gutiérrez lanzó una serie de críticas que fueron subiendo de tono a medida que escalaba el conflicto.

El largo brazo de Rafael Gutiérrez

En primer lugar, el magistrado cuestionó al gobierno por no cubrir las vacantes en el Poder Judicial: “¿Con qué información el gobernador dice que la Justicia es cara y lenta? Le pedimos al Poder Ejecutivo que se cubran las vacantes en el Poder Judicial. Hay más de 70 vacantes en toda la provincia y esto influye en el funcionamiento del sistema”.

Ante la falta de respuestas, el presidente del máximo tribunal se metió de lleno en la discusión por la edad jubilatoria y lanzó una frase que le cayó como anillo al dedo al gobierno: “A mí el gobernador no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Me voy a ir el día que yo quiera, no el día que quieran otros”.

La Casa Gris aprovechó esa bravata de Gutiérrez para poner sobre la mesa los antecedentes y, sobre todo, la forma en que llegaron los actuales cortesanos al máximo tribunal. En la mira del gobierno quedaron los tres díscolos: Gutiérrez, Falistocco y Spuler
En nombre de Pullaro, el ministro de Gobierno Fabián Bastia señaló que “quienes no han podido realizar cambios o consolidaron situaciones que no eran acordes a las demandas sociales, no están en condiciones de hacer los cambios que buscamos” y apuntó contra los tres jueces que se resisten a retirarse: “No queremos cambiar la Corte para poner amigos. Eso habla más de ellos que de nosotros”.

En ese sentido, Bastia recordó que Gutiérrez “ingresó porque era primo y amigo de (Carlos) Reutemann”, que Spuler “ingresó porque era el abogado de Reutemann” y que Falistocco “se encargó de la ley de lemas y ese fue el premio”.