La Unión de Trabajadores de la Economía Popular denunció el incumplimiento de fallos judiciales y la negativa del Ministerio de Capital Humano a distribuir alimentos esenciales a sectores vulnerables.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, aseguró: «En nuestro país están avanzando en la pérdida sistemática de derechos sociales que hacen a la vida y a la dignidad humana». Gramajo también alertó sobre la represión a las protestas sociales, señalando la falta de representantes del Ministerio de Capital Humano en la audiencia.

Durante su intervención, Gramajo describió el desmantelamiento de políticas sociales, mencionando que el salario social complementario permanece congelado y que los comedores comunitarios enfrentan desfinanciamiento. «El Gobierno congeló ese salario en 78.000 pesos, mientras la canasta básica supera el millón», explicó. Natalia Zarza, otra dirigente de la UTEP, denunció el cierre de espacios sociocomunitarios que protegían a las familias vulnerables: «Cuando el Estado se retira, avanza el narcotráfico que les roba el proyecto de vida a los pibes».

Acciones legales contra el Ministerio

Nicolás Rechanik, abogado de la UTEP, informó que presentaron denuncias contra la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de deberes de funcionaria pública, respaldadas por el hallazgo de 6.000 toneladas de alimentos retenidos en depósitos estatales. «“»El actual gobierno se niega a repartir estos alimentos, generando una crisis humanitaria», expresó. Por su parte, Diego Morales, del CELS, subrayó que la pobreza aumentó un 11% y los fondos destinados a comedores y merenderos se redujeron en un 85%.

En respuesta, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó las acusaciones de represión y defendió las medidas gubernamentales, afirmando que «no hay un desmantelamiento de políticas, sino una readecuación a partir del estado calamitoso de la macroeconomía». Sin embargo, el relator especial José Luis Caballero cuestionó la eliminación de políticas sociales, destacando que «los estados no pueden quitar políticas, eliminarlas cuando ya habían sido implementadas». La CIDH dio 30 días al gobierno para entregar respuestas por escrito.

Con información de InfoGremiales