Un informe develó la infiltración de un agente de inteligencia del Ejército en el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Santa Fe y la trama en la que se produjeron los crímenes de Marta Zamaro y Nilsa Urquía.

En noviembre se cumplirán 50 años del secuestro y asesinato de Marta Zamaro y Nilsa Urquía que dio inicio al terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe. Ambas eran abogadas, activistas y Zamaro, además, trabajadora de prensa de Nuevo Diario. La instrucción realizada en 1974 consta de 200 páginas. Luego, en 2011, a instancias de la familia Zamaro y de la Asociación de Prensa de Santa Fe -quienes se constituyeron como querellantes- la causa fue reabierta y los crímenes declarados de lesa humanidad.

En 2014 y 2015 el entonces fiscal Walter Rodríguez solicitó la declaración indagatoria del comisario de la Policía Federal en Santa Fe José Luis Díaz como responsable de la fuerza que nutrió la estructura paraestatal responsable de los crímenes. Las dilaciones judiciales dejaron inconclusa la diligencia hasta su extinción por el fallecimiento de Díaz.

Ahora, una trama iniciada hace diez años en Brasil llevó a la detención y declaración indagatoria de un hombre que, según el fiscal Martín Suárez Faisal, se infiltró en el PRT-ERP santafesino y tras tres años de “trabajo” logró la “represión” (“entre detenidos y muertos”) de 147 personas de una lista de 150 que había logrado recabar.

Un informe en Brasil

El 25 de abril de 2014 el coronel retirado brasileño Paulo Malhães fue asesinado en Río de Janeiro. Un mes antes declaró en la Comisión Nacional de la Verdad de ese país. Fue el primer militar en admitir su participación en los crímenes de la dictadura que se extendió entre 1964 y 1985. “¿Cuántos murieron? Todos los que eran necesarios”, declaró.
En el transcurso de las investigaciones por este asesinato fue descubierto en casa de Malhães un documento titulado “Operaçao Gringo/Caco”, luego entregado a la CNV de Brasil y girado posteriormente a nuestro país.

En el Anexo N° 11 de ese documento, fechado el último día de diciembre de 1979, se detallan las actividades del PRT-ERP en Argentina, donde se adjunta “un resumen de las actividades de nuestro infiltrado en Brasil, un historial de sus actividades como agente y un historial del PRT-ERP donde se puede medir su nivel político”. Este documento pasó a formar parte de las investigaciones judiciales por los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

El resumen al que se refiere es el “Informe sobre el PRT de Argentina y mi actividad dentro de él”, confeccionado por un miembro del servicio de informaciones del Ejército Argentino, infiltrado en el PRT bajo el alias de Mario Maldonado. La investigación determinó que Mario Maldonado es el santafesino Gabriel Benjamín Kesler.

El infiltrado o el “Iosi” santafesino

El informe firmado por Maldonado-Kesler es un detallado relato de su reclutamiento por parte del servicio de informaciones del Ejército y las actividades que realizó como tal dentro del PRT en Santa Fe.

En el libro “Iosi, el espía arrepentido” de Miriam Lewin y Horacio Lutzy, y en la serie del mismo nombre dirigida por Daniel Burman, se relata la historia de un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía argentina para recopilar información que luego se usó para consumar los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA.

En Santa Fe no hubo arrepentido, pero sí infiltrado.

En 1972, cuando Maldonado-Kesler contaba con 16 años, se le propone trabajar como parte del servicio de inteligencia, lo que él acepta. Comenzó integrándose al Comando Jorge Alejandro Ulla. También participó de la Escuela de Cuadros del PRT, donde conoció a César Zerbatto, responsable político de la Regional Santa Fe del PRT desaparecido el 16 de noviembre de 1974, el mismo día que fueron hallados los cuerpos de Zamaro y Urquía.

Posteriormente asiste al Congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo en Rosario, y de regreso a Santa Fe se hace cargo de la Zona Norte de la Juventud Guevarista.

En uno de los puntos más escalofriantes del informe Maldonado-Kesler su autor señala: “Cómo sería la confianza y jerarquía que había ganado que se me encomienda llevar a Buenos Aires todas las fichas personales que la organización tenía de sus miembros, en las que constaban todos sus datos, menos el nombre, lo cual contando con lo demás, resultaba simple averiguar para nuestro Servicio”.

Sin embargo, más estremecedora aún es la narración en la que se da cuenta de que “la superioridad da por terminado este trabajo mío, de casi tres años, y lanzamos la represión, que en menos de un día terminó con la Regional Santa Fe del PRT, incluyendo su DR [Dirección Regional]. Sobre una lista de 150 personas que teníamos confeccionadas, fueron detectadas, entre detenidos y muertos, 147 de ellas”, liberándose de los operativos “solamente yo mismo y un matrimonio que pudo huir, pero que está localizado en Francia”.

Maldonado-Kesler asegura que ya en dictadura fue parte de la Organización Comunista Poder Obrero con el fin de detectar personas en EnTel y Fate, que terminaron en “detenciones”.

En el colmo de la jactancia, el autor del informe relata que dictó conferencias sobre infiltración en la Policía Federal y que en febrero de 1979 fue seleccionado por sus superiores para trabajar “a través de los refugiados”. También expone la información que recabó en Brasil sobre agrupaciones y militantes exiliados.

Varios testigos aseguraron que conocían a un tal Mario. Realizaron una descripción de sus rasgos físicos, lo ubicaron en el Congreso del FAS y en la lucha por el medio boleto estudiantil, destacaron su juventud e incluso se hizo un reconocimiento fotográfico.

En el informe, Maldonado-Kesler relata que en julio de 1974 fue detenido por la Policía Federal “que actuaba sin conocimiento de mi trabajo” y luego liberado. En los archivos judiciales también consta un expediente donde se sigue el derrotero de la detención realizada durante una manifestación de trabajadores del Frigorífico Nelson.

Poco antes (y después) del asesinato de Zamaro y Urquía, a Nuevo Diario llegó una “condena” a periodistas y otros trabajadores firmada por el Comando Anticomunista del Litoral. En octubre de 1974 la misma organización distribuyó las condenas a muerte “por traidores a la patria” a un extenso grupo de personas. Posteriormente, señala el Informe Maldonado-Kesler, “se ametralla mi casa, y el hecho repercute pues mi padre es un conocido empresario de la ciudad y mi novia hija del presidente de la Bolsa de Comercio. La DR decide mandarme a Buenos Aires”.

El padre de Maldonado-Kesler era entonces dueño de la Talabartería El Bagual, ubicada en 9 de julio y Mendoza, y el ahora imputado trabajaba allí. El suegro del entonces joven había sido hasta 1973 el presidente de la Bolsa de Comercio, Alfonso Bonfanti.

Luego el autor del Informe asegura haber sido secuestrado, torturado y luego liberado por la Triple A, lo que, a entender de la Fiscalía, indica un “alto grado de probabilidad de que Kesler haya tenido que develar su verdadera identidad a sus torturadores para preservar su vida y obtener rápidamente su libertad”.

Detención e indagatoria

La Fiscalía solicitó el 2 de agosto de este año la detención de Gabriel Benjamín Kesler y Pericles Ariel González (éste por la privación ilegal de la libertad en la causa Kesler-Regazzoni). El 15 de ese mes, luego de su detención en Buenos Aires, Kesler fue trasladado a Santa Fe para prestar declaración indagatoria frente al juez Reinaldo Rodríguez.

Se le imputa que, como personal civil de inteligencia del Ejército Argentino infiltrado en el PRT de Santa Fe, posibilitó y/o intervino en el secuestro y homicidio de Marta Zamaro y Nilsa Urquía, la desaparición de César Zerbatto y la privación ilegal de la libertad y torturas sufridas por Osvaldo Regazzoni.

En su defensa, Kesler aseguró haber militado en el PRT en su juventud y que fue “una víctima” de lo que se le imputa. Agregó desconocer a Zamaro, Urquía, Zerbatto y Regazzoni, pese a que Zerbatto era su jefe político, y haber sido detenido junto a Regazzoni.

Luego de la declaración indagatoria, que a entender de la Fiscalía no revierte el estado de sospecha contra Kesler, se solicitó su procesamiento y prisión preventiva dado que los delitos imputados están calificados como crímenes de lesa humanidad. Desde el 26 de agosto se espera la decisión del juez federal Reinaldo Rodríguez.