La Causa Laguna Paiva II juzgará, por primera vez en la región, el abandono de persona que sufrieron niñas, niños y adolescentes que eran familiares de militantes políticos, como consecuencia de los operativos llevados a cabo en el marco del terrorismo de Estado.

Es viernes 15 de febrero de 1980 y Mónica Páez va a la casa de su vecina para ver la tele. Cae la tarde de un día más de trabajo en el horno de ladrillos, de un día más en el exilio interno. Desde 1976, cuando una patota policial irrumpió en su casa de Laguna Paiva destruyendo todo y buscando a su papá, ella y su familia vagan de ciudad en ciudad, trabajando de lo que sea, viviendo como pueden. El papá de Mónica es Arnaldo Catalino Páez, referente sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el centro-norte de Santa Fe. El papá de Mónica es perseguido por la dictadura.

Mónica es menudita, tiene 12 años, el pelo castaño, oscuro y largo. Con ella, en lo de la vecina, están sus hermanitos César, de tres años, y Ceferino, de uno. Ramón, Carlos y Alberto, sus otros hermanos, quedaron en su casa con su mamá Juana, que prepara la cena. El mayor es Mario, que tiene 14 años y en ese momento reniega adentro de un pozo intentando arreglar la bomba de agua. Viven en Lima, en la provincia de Buenos Aires, cociendo ladrillos para sobrevivir. Esa tarde el papá no está. Fue al hospital porque aquella mañana amaneció enfermo. 

Parece un día más de verano, pero a Mónica la punza un presentimiento. Por eso decide salir a la calle. Afuera ve a un hombre que la empuja de vuelta hacia la casa de la vecina. “Metete adentro”, le ordena. Ella corre hacia la habitación de la mujer, desde cuya ventana puede ver su casa. Observa. Ve cómo sacan de los pelos a su madre, que está embarazada. Ve cómo la cargan en un furgón junto a Mario. Escucha un tumulto, pero no puede salir. Alcanza a ver a su papá que llega, que se entrega, que también se lo llevan. Después, ya no sabe más nada de ellos.

Por dos meses, no sabe nada de sus padres.

“Quedamos solos en el horno, trabajé una semana ahí con Ramón. Hacíamos ladrillos para vender y poder comer, pero después ya no dábamos, no podíamos porque Ramón era muy chiquito, tenía que llevar la carretilla con barro…”, recuerda hoy Mónica. El relato se detiene, fluye con los sobresaltos y los silencios de una herida abierta.

Con ella quedaron sus cinco hermanos menores. Buscaron ayuda en la casa de un amigo del papá, que los recibió por unos días. Pero aquel hombre también tenía muchos hijos, trabajaba en un frigorífico y la plata no alcanzaba. Así que decidieron regresar al horno. Fueron largos días y largas noches. Mónica, que hoy es una mujer, recuerda que Ceferino, el menor, aún se alimentaba del pecho de la mamá y lloraba de hambre.

“A las semanas nos fueron a buscar. Nos dijeron que eran de la Cruz Roja. Les pregunté si nos iban a tener a todos juntos, me dijeron que sí. Pero cuando llegamos a San Nicolás nos separaron. Fueron días terribles, porque no sabía dónde estaban mis hermanos ni por qué nos habían separado. En ese momento, con 12 años, no entendés nada. Dos meses después, apareció mi mamá y volvimos a Lima, juntamos las pocas cosas que quedaban porque rompieron todo y vinimos al norte de Santa Fe, a la casa de mi tía Elba, que también había estado secuestrada con ella”, relata.

El inicio de la dictadura fue para Mónica el fin de la infancia en Laguna Paiva, de la vida tranquila de una familia de trabajadores. Ella, que dejó su casa natal con ocho años, se acuerda todavía de esa vida, de los cumpleaños, de “vivir bien”. “No éramos ni siquiera de clase media, éramos gente que vivíamos del trabajo. Mi papá trabajó toda la vida. Pero cuando tuvimos que irnos fue terrible. Vivimos en taperas, dormíamos en el suelo, mirábamos el techo y veíamos las estrellas porque a veces ni siquiera teníamos un techo. Pasar de una vida bien a ser indigentes, fue duro”, expresa.

Dejarlos a su suerte

Las niñas, niños y adolescentes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado en la última dictadura. Fueron las Abuelas de Plaza de Mayo las que denunciaron que había bebés robados, identidades falsificadas y una búsqueda incesante de justicia y verdad para esas infancias. Hijas e hijos de militantes fueron considerados “botín de guerra” en una guerra inventada para perseguir desde el Estado a quienes militaban por un proyecto político contrario al neoliberalismo que comenzaba a instalarse.

En el libro Nunca Más hay registros de historias de chicos y chicas que quedaron abandonados en sus casas, o en la casa de alguna vecina, tras el secuestro de sus padres o madres —o de ambos—. Muchas veces fueron las hermanas mayores, como Mónica, las que debieron cuidar y proteger a los más pequeños ante el abandono.

Sin embargo, el delito de abandono de persona (artículos 106 y 107 del Código Penal) cometido contra niñas, niños y adolescentes no había sido, hasta el momento, juzgado como delito de lesa humanidad en la región. Así lo refiere Federico Pagliero, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario, organismo querellante en el juicio Laguna Paiva I —finalizado en 2021— y en el juicio Laguna Paiva II, próximo a iniciarse. En él se juzgará el abandono de persona perpetrado contra 11 niñas y niños en el marco de la persecución a militantes del PRT.

Brusa vuelve al banquillo

Los imputados son el ex juez federal, Víctor Brusa; el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe, Antonio Parvelotti; el abogado ligado al D2, Oscar Valdez y el ex ayudante del D2, Eduardo Enrique Riuli. Este último participó en todos los operativos que se organizaron para apresar a Arnaldo Catalino Páez y continúa viviendo en la misma localidad que la familia Páez-Medina.

Las y los niños, que tenían entonces entre uno y quince años y que hoy son denunciantes, son hijos o sobrinos de Páez, perseguido entre 1976 y 1980 por su militancia sindical en el frigorífico Nelson de Laguna Paiva y por su participación en el PRT. Para dar con él, la Policía de Santa Fe realizó violentos allanamientos en las viviendas de tres familias, en Esteban Rams y Esperanza (Santa Fe) y en Lima. 

En total, 16 niños y niñas sufrieron la violencia de la patota: secuestros, torturas y abuso sexual por parte de los represores. Cinco de ellos fueron confinados en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en la sede del D2 de la ciudad de Santa Fe. Otros 11 quedaron abandonados a su suerte. Hasta el momento y en lo que respecta a estos hechos, sólo el caso de Mario Páez —el hijo mayor de Páez, quien tenía 14 años cuando fue secuestrado— fue juzgado.

A partir de las testimoniales del primer juicio se conoció que no sólo Páez, su esposa Juana Medina y sus hijos fueron víctimas del terrorismo de Estado, sino que también lo fueron dos de sus hermanos, con sus parejas y todos sus hijos. “Esto nos dio un eje muy diferente. Las personas que escuchaban las audiencias hacían hincapié en la brutalidad que significó el terrorismo Estado hacia los niños y niñas de tres familias enteras”, explica Pagliero.

“La figura de abandono de persona fue la traducción jurídica de lo que nos decían quienes en ese momento eran niñas o niños: ‘fuimos abandonados y sobrevivimos por la suerte y por la valentía de las hermanitas más grandes que se hicieron cargo’”, completa.

Laguna Paiva II

Del juicio Laguna Paiva I —también conocido como Causa Chartier— se desprendieron 30 nuevos casos, entre los que figuran los delitos de abandono de persona y de privación ilegal de la libertad contra menores de edad. Los mismos se juzgarán en una nueva causa: Laguna Paiva II. El TOF anticipó que las audiencias comenzarán en el segundo semestre de 2025.

El nuevo juicio estará centrado en las infancias, pero también se continuará juzgando el secuestro y la aplicación de tormentos contra diez militantes del PRT, como el propio Páez (fallecido en 2016), Luis Medina, Daniel Acosta, Juan Carlos Sánchez, Carlos Szuban, Hugo Silva, Ricardo Galván, Juan Carlos Oliver, Roberto Soria (fallecido en 2023) y Leonel Gaitán. La diferencia es que en esta oportunidad se juzgará a otros represores, que anteriormente no fueron juzgados por esos hechos, como el propio Brusa.

Pagliero valora que, gracias al testimonio de las y los sobrevivientes y al apoyo de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, se inició esta segunda causa. Primero, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó la falta de mérito por los nuevos hechos —incluido el delito de abandono de persona—. Pero la Cámara Federal de Rosario le dio la razón a la querella en 2023 y le ordenó al TOF que dicte los procesamientos de los genocidas Riuli y Brusa por el delito de abandono de persona cometido contra niñas y niños y por los delitos de tormentos y allanamientos ilegales.

El tribunal estará conformado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Dilario. El fiscal es Martín Suárez Faisal. La querella está conformada por los abogados Pagliero, Julia Giordano, Noelia Zarza, Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, en representación de la APDH y de sobrevivientes y familiares de los hechos ocurridos en 1980. 

A Brusa (quien al momento de los sucesos era secretario del Juzgado Federal), se le imputan 15 delitos: seis hechos de apremios ilegales, tres de privación ilegal de la libertad y seis abandonos de personas en relación a niños y niñas. Parvelotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2, está imputado por 15 hechos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y seis hechos de abandono de persona en relación a niñas y niños. 

Eduardo Riuli, ex ayudante del D2, está imputado por 11 hechos de privación ilegal de la libertad, cinco hechos de tormentos, cuatro allanamientos ilegales y 11 hechos de abandono de persona en relación a niñas y niños. El abogado Oscar Valdez, que también cumplía tareas en el D2, está imputado por tres hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos, un allanamiento ilegal y seis abandonos de persona en relación a niños y niñas.

El ex comisario de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza, está acusado de tres hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados por ser cometido contra militantes políticos y también está imputado por allanamiento ilegal.

Las y los sobrevivientes son acompañados por la APDH, la Asociación de Ex Presos Políticos Filial Laguna Paiva, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y el Colectivo de la Memoria.

A la espera de que el nuevo juicio comience, Mónica Páez brinda su testimonio a Pausa y comparte un anhelo: “Pasamos cosas terribles. La miseria, el hambre, no tener dónde bañarse. Ahora estoy sufriendo las consecuencias del horno de ladrillos, de tirar esa máquina con no sé cuántos kilos de barro. Hoy tengo la columna deshecha, la cadera mal y ni te digo la psiquis. Mi vida está deshecha. Espero que, después de tantos años, haya un poco de justicia”.