La Comisión Europea se propone promulgar normas especiales que regulen el impacto ambiental de los sistemas de inteligencia artificial mediante legislación secundaria al amparo de la Ley de IA, según han declarado este jueves funcionarios de la Comisión durante un acto en línea. Laura Jugel, jurista de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión, ha señalado que las denominadas IA de propósito general (GPAI), entre las que se incluyen los grandes modelos lingüísticos (LLM) como ChatGPT, Bard y Gemini, son grandes consumidoras de energía.

"Como punto de partida, les pedimos que registren cuánta energía consumen en su entrenamiento", explica Jugel. "También pedimos a los grupos de normalización que estudien esta cuestión, para ver si podemos encontrar un método de documentación comparable, porque los elevados costes que conlleva también son una carga para las empresas", añadió.

"Una vez tengamos la metodología, podremos incluirla en un acto delegado", dijo Kilian Gross, jefe de la unidad de coordinación de políticas de IA. La Ley de IA, que entró en vigor el pasado agosto, pretende regular los sistemas según un enfoque basado en el riesgo y centrado en el ser humano. Las normas para los proveedores de modelos de GPAI entrarán en vigor en agosto de 2025.

En su intervención en el mismo acto, Irina Orssich, jefa de la política sectorial de IA de la Comisión, dijo que el impacto de la IA en el consumo de energía también surgió durante las negociaciones con el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales, pero "apenas fue posible medirlo".

"Nos pareció que no era posible ponerlo en una forma legal mensurable, pero estamos intentando encontrar puntos de referencia, y ya hay algunas disposiciones [en el texto] en las que hay que tener en cuenta el impacto medioambiental", añadió. En la actual Ley de IA, los proveedores de GPAI tienen muy pocas obligaciones relacionadas con el consumo de energía, incluidas las obligaciones de registro. Sin embargo, las estimaciones suelen considerarse suficientes. Además, las empresas deben dar cuenta de cualquier daño directo o indirecto al medio ambiente e informar de ellos a las autoridades del mercado.

Con información de Euronews