Milei y su equipo de gobierno tienen un único objetivo: el superávit fiscal. Para lograrlo, deben garantizar que el Estado reduzca el gasto, una ecuación donde ganan el podio las jubilaciones. ¿Qué lugar tienen las personas mayores, ya jubiladas, en un modelo político y económico del descarte?

Por Lucía Billoud

Vivimos en sociedades envejecidas. Es un hecho a nivel mundial. Los avances científicos hicieron que nuestra esperanza de vida se haya extendido. Es un éxito de la ciencia. Ahora bien, el interrogante que podemos hacernos es: ¿qué tipo de vida tienen las vejeces en la sociedad actual?

En Argentina viven siete millones de personas mayores de 60 años y más, según el último Censo del INDEC, y el 65% de los jubilados y pensionados perciben la jubilación mínima, (322.799 pesos con bono, en noviembre) constituyendo un conjunto de más de 5 millones de personas. En este marco: ¿qué lugar tienen las personas mayores, ya jubiladas, en un modelo político y económico del descarte?

El jefe de Estado y su equipo de gobierno tienen un único objetivo: el superávit fiscal. Para lograrlo, deben garantizar que el Estado reduzca el gasto, una ecuación donde ganan el podio las jubilaciones, las cuales aportan –reduciéndose– un 24% para alcanzar tal propósito.

¿El argumento? Un discurso meritocrático y discriminador que adjudica la responsabilidad individual sobre el propio destino: sos responsable de la vejez que estás construyendo, o dicho de otra manera: tus aportes, tu vejez. No se contempla el hecho sustancial de que nuestras biografías forman parte de una sociedad profunda y estructuralmente desigual, con una masa de población viviendo en largos periodos de desempleo y trabajo informales y precarios, que suponen un riesgo para el acceso a la jubilación.

El resultado fue una caída libre del poder adquisitivo de las personas mayores a principios de este año. En un estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA (octubre 2024), se indicó que la jubilación mínima no alcanzaba. Para septiembre, una persona mayor que cobra una jubilación mínima necesitó  $912.584 por mes para cubrir sus necesidades básicas, siendo tres veces superior que el haber mínimo. Los rubros de mayor gasto son: alimentos (26%), vivienda (22%) y medicamentos (16%, incluso con la cobertura de obra social).

Para contener semejante ajuste, para el mes de abril jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima, recibieron una recomposición en formato de bono compensatorio fijo –sostenida hoy en 70 mil pesos–, y quedando a la par de la inflación en la actualidad.

En ese marco, no debemos olvidar que, hace tan sólo unos meses, el Congreso aprobó un proyecto que proponía una nueva fórmula para el aumento de jubilaciones y pensiones, buscando un mejoramiento mínimo (del 8%) como compensación al poder adquisitivo ya perdido, procurando su garantía por ley.

Sin embargo, en la mirada del Gobierno Nacional, dicha ley atenta contra el cumplimiento del superávit fiscal, frente a lo cual presenta el veto de la misma, siendo consecuente con su propósito. En ese momento, lo que sí llamó poderosamente la atención es que tal veto fue apoyado, en su mayoría, por un Congreso que había propuesto lo contrario.

Para quienes pensamos que el Estado debe proteger a los sectores más vulnerables, resulta sumamente contradictorio que, desde el mismo, se profundice la desprotección hacia quienes no han accedido al trabajo registrado, realizando una adjudicación de la desigualdad en términos individualistas y subjetivos, de biografías con historias de desempleo recurrente y de largo plazo.

Una arremetida se consolida

En otro capítulo de ajuste, el gobierno nacional consolidó un nuevo ataque orientado a la salud de las personas mayores, cubierta en mayor medida por la Obra Social PAMI.

Su medida favorita es la desregulación económica, consolidando un escenario más que propicio para un aumento desmedido de los precios. En el caso particular que nos reúne: el de los medicamentos, y en específico, aquellos con cobertura de PAMI, donde se registró una inflación acumulada de 340,7%, posicionándose muy por encima del aumento promedio de los precios de venta al público, siendo en este caso 210,7% (Fuente: Centro Cepa).

La cobertura mencionada inició en 2020 con el “Plan Vivir Mejor”, estableciendo la gratuidad de principios activos farmacológicos con los que se fabricaban medicamentos esenciales, otorgados de forma gratuita. El objetivo era garantizar tratamientos médicos adecuados para las patologías más frecuentes en las personas mayores que se vieron con dificultad de sostenerse debido al detrimento anterior del poder adquisitivo y la falta de acciones que recompongan de forma real las jubilaciones y pensiones. El plan tuvo como resultado un importante ahorro de ingresos para esta población.

Sin embargo, en el nuevo ciclo de gobierno, el acceso de medicamentos específicos con 100% de cobertura gratuita recibe la tijera fiscal. En los meses de junio y agosto, afiliados y afiliadas de PAMI sufrieron disminución en la lista de los medicamentos cubiertos, sólo cumpliendo con ciertos requisitos podrían solicitar –a demanda la cobertura.

¿Medicamentos gratis a jubilados? ¡Afuera!

En un nuevo anuncio el gobierno nacional indica que para acceder a los medicamentos al 100%, el PAMI emitió una resolución para su cobertura total: ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos (hoy, casi $400.000), no tener simultáneamente una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble o un auto de menos de 10 años de antigüedad. Es decir, la cobertura gratuita al 100% terminó de ser desarmada, ya no se subsidia la oferta, sino que se lo hace a demanda. 

Para quienes tengan ingresos superiores a $400.000, la cobertura será con descuento (entre el 40% y 80%) como el resto de las obras sociales y prepagas. Asimismo, podrán acceder al 100% de cobertura en casos especiales en que el precio de los medicamentos indicados por el médico sea particularmente alto y represente al menos el 15% de los ingresos totales.

Las medidas de ajuste a la cobertura de medicamentos afectan a una población que consume, en promedio, cinco medicamentos mensuales, constituyéndose en una pérdida indirecta del poder adquisitivo junto a la falta de actualización de los bonos compensatorios. El resultado es dramático y preocupante: un grave retroceso en materia de derechos y calidad de vida de las personas mayores.

Las personas mayores afiliadas a la Obra Social PAMI con jubilación o pensión mínima (alrededor de 5 millones), a partir de hoy deberán hacer un trámite para acceder a medicamentos 100% gratuitos.

¿Cuál es la garantía que brinda el Estado de que quienes no lo pueden pagar, accedan a estos trámites de forma fácil y accesible? Es una acción que establece obstáculos burocráticos al ejercicio del derecho a la salud para un conjunto de personas que ven su cotidianidad plagada de dificultades producto de desigualdades históricas intensificadas de manera drástica por medidas económicas de modelos de gobierno como el actual.

¿Qué vejez nos espera?

No hay remedio, vamos a envejecer. Sin embargo, en este panorama resulta algo difícil imaginarnos la futura vejez. Si el presente es el descripto, ¿qué nos espera a quienes vamos en camino a nuestra vejez?

La cotidianidad de un número elevado de personas mayores es preocupante. Y aún más grave son los niveles de aceptación a los que llegamos como sociedad en cada nuevo ajuste hacia las vejeces. Entre otras cuestiones, es resultado de una sociedad meritocrática en la cual, se supone, somos los responsables únicos de nuestro destino. Ahora bien, ¿Cómo escapamos a esa trampa?

La situación actual es producto de una sociedad desigual y excluyente que no brindó el marco de oportunidades, recursos y estrategias necesarias para la inclusión real, conduciendo a la construcción de trabajadores del margen, con actividades laborales, precarias, informales, discontinuadas y sin mínimas condiciones laborales.

Entonces, ¿qué sucede con el grupo poblacional que trabajó y hoy ve puesto en jaque su sustento diario? La responsabilidad, realmente, ¿puede ser individual? ¿Cómo solucionar un pasado que esa persona ya vivió y no tuvo las oportunidades para la igualdad de acceso?

El panorama actual presenta una situación compleja, incluso contradictoria. Las personas mayores quedan sumergidas en una trampa del sistema: sin respuesta del Estado y sin poder solucionarlo de forma individual.