El Gobierno plantea la eliminación de las PASO y la modificación del financiamiento de los partidos. Con la excusa de reducir el gasto, se podría erosionar la calidad de nuestras instituciones democráticas.

En un capítulo más del reformismo libertario, Javier Milei y su equipo de gobierno impulsan una reforma electoral que, a diferencia de la costumbre, será discutida meses antes de la celebración de las elecciones legislativas. Es decir, un cambio de reglas electorales a pocos meses de las elecciones intermedias.

El proyecto titulado “Reforma para el fortalecimiento electoral” se trataría en caso de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso. En términos generales, la reforma planteada por los libertarios contiene dos propuestas: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación del régimen de financiamiento de los partidos políticos.

“La iniciativa tiene por objetivos fundamentales reducir el gasto público del Estadio nacional en actividades puramente políticas, devolver a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades, simplificar regímenes que han quedado desactualizados por el paso del tiempo, y transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos”, señala el Mensaje N° 64/2024 enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de parte de Jefatura de Gabinete, con la única justificación que encuentra este Gobierno para avanzar con su agenda.

A continuación, nos vamos a detener más específicamente en el diagnóstico que hace el Gobierno nacional sobre nuestro régimen electoral y la situación de los partidos políticos. Lo que queda en evidencia es el aspecto más hiperpresidencialista del gobierno de Milei: la imposición de una situación de emergencia y crisis económica que fundamenta todo cambio institucional.

Eliminación de las PASO

Según el oficialismo, la implementación de las PASO, con la aprobación de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 en 2009, no logró su objetivo de reducir “la brecha de disociación entre la política institucional y los reclamos sociales”. En este sentido, se atreve a decir que las reformas no estuvieron a la altura o no fueron el remedio para “la profunda crisis del sistema de representación política en la que aún hoy se encuentra estancado nuestro país”.

Y suma que es necesario dar “una cuota de libertad” a los partidos políticos para seleccionar sus candidatos de acuerdos a sus propios criterios. Incluso, añade como argumento que las PASO han funcionado como una “gran encuesta nacional”, más que para dirimir candidaturas.

Hasta aquí, la lectura del Gobierno resulta bastante errónea en dos aspectos fundamentales. Primero, confundir la crisis de representación política con la incapacidad para resolver la selección de candidatos en primarias abiertas. Segundo, presentar a los partidos políticos como “víctimas” del sistema, y no hacer hincapié en el empoderamiento del electorado en la definición de candidaturas de acuerdo a su identificación política.

La reforma del 2009 consistía en tres aspectos fundamentales: reducir la fragmentación del sistema partidario, producir una mayor apertura de los partidos en la selección de candidatos, y garantizar una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales. Que las PASO hayan funcionado como una suerte de sondeo electoral previo a las generales no tiene que ver con que se trate de primarias abiertas, sino de su obligatoriedad. Tal vez un rediseño de estos términos en el sistema electoral produciría otro efecto sobre el sistema de partidos.

A continuación, el Gobierno argumenta que las PASO han “extenuado a la ciudadanía” por el calendario electoral más abultado, y que eso provocó el descreimiento en la política.  “Desde el año 2009 hasta hoy, cada dos años los argentinos han sido testigos de cómo la preocupación de la política se centró exclusivamente en articular campañas electorales mientras que ellos seguían teniendo que enfrentar por su propia cuenta los problemas económicos, sociales y culturales que les presentó la realidad de nuestro país”, afirma el mensaje del Gobierno.

Nuevamente, el diagnóstico de Milei no parece tener correlación entre la crisis de representación y el diseño del sistema electoral. El “descreimiento” en la política es un fenómeno multidimensional que no considero que deba ser intervenido cerrando canales de participación a la ciudadanía, justamente. Porque esa es la senda que plantea el Gobierno nacional: los partidos y el electorado, asunto separado.

¿Y el financiamiento?

El Gobierno considera que el régimen de financiamiento ha sido un “despilfarro del erario público”. Y propone que las campañas electorales no sean solventadas casi íntegramente por el Estado, sino que tenga más lugar el financiamiento privado. Milei cree que existen partidos que presentan listas de candidatos “al solo efecto de captar una mayor cantidad de recursos públicos”. Entonces, el Estado termina supuestamente financiando “sumas exorbitantes” a partidos que no obtienen un resultado electoral que justifique ese aporte.

En palabras del Gobierno: “No pareciera razonable que la legislación les imponga a los argentinos la obligación de financiar con dinero propio la actividad de campaña de determinadas agrupaciones partidarias que, si bien gozan de todo su derecho de participar en la carrera electoral, no constituyen fuerzas verdaderamente representativas en términos de votos”.

En términos del propio Milei, no se consigue un argumento más casta. La justificación del desfinanciamiento a los partidos en función del desempeño electoral de los mismos responde a una concepción más elitista y restrictiva de la democracia. De alguna manera, iría en contra de la representación proporcional que plantea la disputa por ciertos cargos, como los de diputado nacional.

En este caso, la representación se mide en función de su mayor capacidad para reflejar la diversidad de posicionamientos de la ciudadanía. Si tomáramos como válido ese argumento, el Estado debería haber desincentivado el apoyo en la competencia electoral de Javier Milei, Victoria Villarruel y José Luis Espert en 2021 porque representaron fuerzas partidarias más bien marginales.

El Gobierno propone eliminar los aportes extraordinarios para la campaña y los aportes para impresión de boletas (algo que no tendría razón de ser por la reglamentación de la Boleta Única de Papel). En cambio, habría un “aporte público único” para desarrollar sus actividades a través de un “Fondo Partidario Permanente”. Y se incluye un gran incremento a los aportes privados que pueden recibir los partidos para la campaña electoral y la eliminación de una serie de restricciones. El límite a los aportes privados: que no se trate de personas procesadas por actividades vinculadas con “el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación del terrorismo”. Por último, se incluyen cambios en el régimen de publicidad electoral.

Es decir, a una retracción del apoyo del Estado para garantizar una competencia más equitativa entre los partidos políticos –algo contemplado en la misma reforma de 2009–, el Gobierno inclina aún más la balanza con la intervención del financiamiento privado. En este caso, diversos sectores económicos encontrarían mayor incentivo de apoyar a los partidos políticos en gobierno con un fin transaccional. De esta manera, esto añade más opacidad a la competencia electoral. Pero tampoco es una medida menor cambiar el régimen de publicidad electoral, que se encuentra en una de las causas de mayor inequidad en la competencia electoral.

“Como se puede observar, el presente proyecto pone el foco sobre una realidad opaca de nuestra política institucional con el propósito de ayudar a desenraizar las prácticas y costumbres de la vieja política que tanto daño le han generado a la República Argentina”, asegura el Gobierno en su mensaje. Más bien, esta reforma funcionaría a la inversa: produciría mayor inequidad en la competencia electoral y mayor restricción a la participación política.

Según los resultados del informe del Latinobarómetro 2023, se podría hablar de una “recesión democrática” en la región latinoamericana. Esto se observa, por ejemplo, en el incremento de los personalismos, que termina opacando a los partidos políticos y conduce a la atomización del sistema de partidos y al desplome de su imagen y legitimidad. Por lo tanto, el deterioro en las capacidades de los partidos políticos y sus condiciones más equitativas de competencia, sumado a una restricción en la participación política del electorado, no parece ir en la senda de consolidación de nuestra democracia, sino todo lo contrario.