ANUARIO 2024 | El gobierno de Javier Milei asfixió a las universidades, pulverizó el salario docente y desmanteló el sistema científico y tecnológico.

Desde su asunción, Javier Milei erigió como unos de sus principales adversarios a la educación, la ciencia y la tecnología. Particular fue su encono contra la universidad pública, para la cual eligió una muerte lenta a través de la asfixia presupuestaria. Ese es el objetivo del gobierno: estrangularlas hasta que cierren, o, en su defecto, no les quede otra que recurrir al arancelamiento.

El ataque al bolsillo de la docencia universitaria fue brutal: el poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes jamás se recuperó de la sensacional pérdida luego de la devaluación de diciembre de 2024, y los gremios estiman que en todo el año la caída fue de más del 50 por ciento. Más del 85% de las y los docentes y más del 60% de las y los no docentes del sistema universitario cobran sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. 

La respuesta popular fue elocuente: dos masivas Marchas Federales Universitarias en abril y octubre, en las que millones de personas en todo el país llenaron las calles para defender la educación pública y expresar su rechazo a la avanzada del gobierno. Así se consiguió una –insuficiente– actualización en los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque el atraso en los salarios continuó, con un gobierno que aún hoy se niega a dialogar con las entidades sindicales.

Gracias a la presión en la calle se logró, también, la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, que planteaba la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Sin embargo, Milei la vetó, y la Cámara de Diputados ratificó su decisión: 28 de los 85 legisladores que votaron a favor del veto se recibieron en la universidad pública.

Como de costumbre, el ajuste se complementó con una espectacular campaña de desprestigio basada en mentiras. El gobierno pidió durante todo el año a las universidades que “muestren las facturas” (cuando son las entidades del sector público más controladas, con auditorías internas y externas permanentes) y argumentó que los pobres no llegan a la facultad (el 48,5% de los estudiantes están por debajo de la línea de pobreza y casi siete de cada diez son primera generación universitaria de sus familias). Incluso el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos, cuando el presupuesto ni siquiera se asigna por cantidad de estudiantes.

El futuro dista de ser alentador: según el Presupuesto 2025, la inversión en educación será del 0,88% en relación al PBI, por debajo de lo invertido en 2024 y 2023. En términos reales, será apenas un 0,65% más alta que la del año pasado, luego de la brutal caída del 40,2% respecto de 2023.

¿Y en ciencia y tecnología como venimos? No mucho mejor. La política científica es nula. El Conicet fue desmantelado, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) no financia más proyectos, y el reactor CAREM, proyecto clave para el sector nuclear, fue paralizado por completo, luego del despido de 260 trabajadores.

De cara al año que viene, se espera un ajuste de casi un tercio de los recursos para ciencia y la tecnología. La Agencia I+D+i, la principal herramienta de financiamiento para proyectos, tendrá un 65% menos de recursos en 2025. Los otros recortes previstos en el Presupuesto son: CONICET (-41%), INTI (-46,6%), CONAE (-40%), INTA (-39,6%) y Banco Nacional de Datos Genéticos (-50,4%).

Detrás de las planillas de Excel y los argumentos de austeridad fiscal, la realidad es sencilla. Sin educación pública no hay desarrollo posible, y la sociedad elitista y desigual a la que aspira el gobierno estará cada vez más cerca. Y sin desarrollo no hay soberanía científica y tecnológica posible, consolidándose así el modelo de país de Milei: uno en el que las potencias extranjeras puedan trazar los lineamientos en materia de política científica y así disponer libremente de nuestros recursos.