ANUARIO 2024 | Siguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

La Franja de Gaza es uno de los territorios que quedan de Palestina. Tiene 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. En total, su superficie es de 360 kilómetros cuadrados. A 2017, habitaban allí 1.943.398 personas. Para tomar dimensión: el departamento La Capital tiene 3055 kilómetros cuadrados.

El ataque de uno de los ejércitos más entrenados del mundo, con mayor financiamiento y más avanzada tecnología, se está perpetrando contra un territorio casi 10 veces más chico que el departamento La Capital, donde vivían hacinadas casi dos millones de personas.

Israel comenzó su ataque sobre Gaza tras la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023, en la que mataron a 1200 personas y secuestraron a 250. A la fecha, las fuerzas armadas de Israel llevan cerca de 43 mil muertes en total. Según la ONU, el 70% de las víctimas son mujeres y niños.

Según reportó Oxfam, la cantidad de mujeres y niños asesinados por Israel en Gaza durante el último año no tiene equivalente para un período igual, comparando con todos los conflictos armados de los últimos 20 años. Sana Najjar, médica de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo sintetizó para The Lancet: “El infierno está en Gaza”.

El 21 de noviembre la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el arresto del primer ministro israelí Benjamin Nentayahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por cometer crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Según los jueces “privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua y medicinas”, lo que redundó “en la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, esto enmarcado en un “ataque sistemático y generalizado”. Netanyahu apelará la orden de arresto de la CPI en su contra, mientras tanto permanece en libertad y en el poder.

Javier Milei manifestó su “profundo desacuerdo” con las órdenes de arresto señalando que la CPI está “criminalizando la defensa legítima de una nación”.