La nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad para evaluar el otorgamientos de pensiones restaura terminología obsoleta y degradante. "Esta medida es discriminatoria, regresiva e inaceptable", alertan desde los colectivos de personas con discapacidad.

El 16 de enero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que definió los criterios que utilizará para medir la mal llamada "invalidez laborativa", que -a partir del Decreto 843/2024- volvió a ser un requisito para percibir pensiones no contributivas.

En el anexo publicado, la normativa en cuestión incluye expresiones como "retraso mental", "idiota", "imbécil" y "débil mental" en sus criterios de evaluación, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones de discapacidad a nivel nacional.

"La nueva normativa de la ANDIS es un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad", señala en un comunicado el Colectivo de Personas con Discapacidad, y agrega: "No solo endurece los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas (PNC), sino que además reincorpora terminología obsoleta y degradante como "idiota", "imbécil" y "retardado mental" en la evaluación de personas con discapacidad intelectual".

Ante esto, se preguntan "¿qué psiquiatra firmará un diagnóstico con estos términos en pleno siglo XXI? ¿cómo es posible que una normativa estatal adopte un lenguaje que ya fue eliminado de todos los estándares internacionales?".

Tras conocerse esta medida de ANDIS, que catalogan de "discriminatoria, regresiva e inaceptable", exigen: "el respeto por el modelo social de la discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la revisión inmediata de esta resolución y la eliminación de criterios médicos arcaicos y estigmatizantes; y que ANDIS garantice el acceso real a las PNC sin barreras burocráticas ni requisitos inhumanos".

Reclamo administrativo

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicaron que la norma vulneraba de modo manifiesto los derechos de las personas con discapacidad y que, tras analizar los impactos nocivos que puede generar, "diversas organizaciones de la sociedad civil interpusimos un reclamo administrativo para solicitar que sea dejada sin efecto en forma urgente".

En dicho reclamo, las organizaciones cuestionan, en primer lugar, que la resolución pretenda medir la supuesta “invalidez” de las personas, y que lo haga recurriendo a criterios médicos. "La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan. En tal sentido, no hay personas “inválidas” para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren. Para definir quién debe cobrar una pensión y quién no, el Estado debe evaluar las barreras económicas y sociales que cada una enfrenta, en lugar de mirar las etiquetas médicas que pesan sobre ellas", explican desde ACIJ.

Por otra parte, alertan sobre las expresiones que utiliza y señalan: "En efecto, el anexo de la resolución recurre a términos como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. No cabe duda de que lo discriminatorio, peyorativo y obsoleto de estas palabras refuerza estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades justas e inclusivas, y resulta particularmente problemático que sea la Administración Pública quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos".

Finalmente, denuncian que el procedimiento de adopción de la regulación no contó con la participación de organizaciones de personas con discapacidad. "Esto supone una violación directa del artículo 4.3 de la CDPD y de lo que expresó el Comité de Naciones Unidas que la interpreta en su Observación General nro. 7. Estos instrumentos son claros y contundentes en cuanto a que la intervención de este grupo en los procesos de elaboración y aplicación de las leyes y políticas que las afectan es obligatoria".

"Nuestras vidas no valen, somos un gasto"

Consultada sobre esta medida del gobierno de Javier Milei, ejecutada a través de la ANDIS, Gabriela Bruno, referente del colectivo de personas con discapacidad en Santa Fe, comentó a Pausa: "El organismo responsable de trabajar en las políticas públicas de discapacidad, de cumplir con la normativa vigente, de generar procesos que permitan que las personas con discapacidad tengamos la posibilidad de desarrollarnos en ámbitos y contextos accesibles, promueve y genera exclusión, empuja a infinidad de personas al abismo, porque esta nueva manera de evaluar atrasa sustancialmente en nuestras vidas", agrega.

Bruno señala que las personas que están recibiendo las cartas documentos "están aterradas porque temen perder ese mínimo ingreso que reciben, temen perder las prestaciones que están atadas al programa federal incluir salud que da cobertura -insuficiente pero existente- a los centros de día, transporte, centros educativos terapéuticos. Temen no lograr cumplimentar con los plazos para presentar lo que les solicitan ya que dependen de los sistemas públicos de salud de cada provincia para que les completen el certificado médico obligatorio y las historias clínicas".

La activista explica que la pensión nacional no contributiva viene a dar respuestas ("también insuficiente pero existente aún") a un doble, triple o cuádruple vulneración: ser pobre, tener discapacidad, ser mujer, vivir en contextos de aislamiento y sin accesibilidad. "Entonces, hablar de capacidad laboral es un chiste, es una ironía. Contame cómo llego, contame quién me contrata cuando ni siquiera el Estado lo hace, desde que existe el cupo laboral (1981) está pendiente el cumplimiento de esta normativa. Será por eso que ahora también aspiran a quitarlo, para que ni siquiera tengamos la ilusión".

El hilo se corta por lo más delgado

El objetivo de fondo de esta normativa es una de las banderas de la gestión de Milei: la famosa motosierra sobre el "gasto público". Esto se dice claramente en la normativa cuando indican que "a través de esta medida, el Gobierno nacional da un nuevo paso en la lucha contra el malgasto de los recursos. La implementación de criterios objetivos elimina la arbitrariedad que había permitido que, en gestiones anteriores, personas que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC) recibieran fondos estatales que no les correspondían".

"El hilo se corta por lo más delgado", comenta Gabriela Bruno sobre este punto. "Seguimos siendo los colectivos de la diversidad, los jubilados, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades oncológicas, con HIV, el hilo más delgado. Sin vergüenza alguna explicítan que es una cuestión de recursos. Claramente su eje está en el achique a precio de cualquier vida, de cualquier biografía. Nuestras vidas no valen, somos un gasto. Nos terminan de empujar al vacío".

Y de forma contundente agrega: "Estamos hablando de un retroceso nominal, conceptual, político, ideológico y sin ética, de volver a llamarnos idiotas, retardados y débiles mentales es un atentado al colectivo, a cada subjetividad y a la sociedad en su conjunto. Es profundizar la degradación. Es romper el tejido social. Es mucho más que vigilar y castigar".