La Fiscalía brasileña imputó este martes 18 al expresidente fascista Jair Bolsonaro y a 33 de sus colaboradores por el intento de Golpe de Estado en 2022. También se lo acusa de haber intentado envenenar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general Paulo Gonet presentó cargos "contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho", para impedir la investidura de Lula. "La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)". Hoy se supo que el fiscal pidió 38 años de cárcel para quien fuera el principal líder del fascismo en el cono sur.

"Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe" en el que se contemplaba "incluso la muerte del presidente electo de la República (Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez" de la Corte Suprema, detalló la Procuraduría General de Brasil. Según la Fiscalía, Bolsonaro habría "aceptado" un plan para asesinar por envenenamiento a Lula da Silva. "Ese plan fue construido y llevado al conocimiento del presidente de la República, que lo aceptó", señaló Gonet.

El Supremo decidirá ahora si acepta la querella formulada por Gonet. Además el ex presidente Bolsonaro, entre los acusados que hay militares de alto rango y antiguos ministros, como Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete del líder ultraderechista.

Gonet asegura que Bolsonaro y el exministro y general de la reserva Walter Braga Netto eran los "líderes" de la trama. "Ambos aceptaron, estimularon y realizaron actos tipificados en la legislación penal de atentado contra el bien jurídico de la existencia e independencia de los poderes y del Estado de Derecho democrático", afirmó en la denuncia.

La denuncia de la Fiscalía se basa en una extensa investigación policial que constató la existencia de una trama que buscó mantener en el poder a Bolsonaro y evitar la investidura de Lula, que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023.

Durante las investigaciones de los dos últimos años, la Policía encontró borradores de decretos para declarar un "Estado de Sitio", anular el resultado de los comicios de 2022 e intervenir la Justicia Electoral.

Según diversos testigos, Bolsonaro llegó a revisar y modificar el documento que consumaría el golpe e incluso tuvo "pleno conocimiento" de un plan elaborado por militares díscolos para asesinar, por envenenamiento, a Lula y a otras autoridades brasileñas.

El plan no se materializó, aunque, como último intento, miles de radicales de extrema derecha invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, el 8 de enero de 2023, con la intención de incentivar la intervención de los militares.

Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de "golpe de Estado", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "organización criminal armada", según el documento de la Procuraduría General de la República.