Es uno de los imputados en el juicio Laguna Paiva II, que además ya había sido condenado por homicidio en el juicio de la Masacre de Ituzaingó y Las Heras. El represor violó el beneficio de la prisión domiciliaria y está en condiciones de salud para ir a una cárcel común. Advierten sobre peligro de fuga, de cara al inicio de un nuevo proceso judicial.

En la víspera del comienzo de la segunda parte del juicio conocido como “Laguna Paiva”, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, que acompaña y patrocina a sobrevivientes de la represión a militantes de esa localidad santafesina en 1980, alerta sobre el peligro de fuga de uno de los imputados, el ex policía Oscar Valdez.

De la causa Laguna Paiva I —finalizada en 2021— se desprendieron 30 nuevos hechos, entre los que figuran los delitos de abandono de persona y de privación ilegal de la libertad contra menores de edad. Los mismos se juzgarán en un nuevo proceso judicial, aunque el TOF aún no estableció fecha para las audiencias.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Santa Fe está integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario. Desde la APDH Rosario denuncian que —además de demorar el inicio del juicio— dilatan “injustificadamente” el traslado a cárcel común de un genocida que violó el beneficio de la prisión domiciliaria. Sobre este caso ya emitió dictamen la Cámara de Casación Penal y el Cuerpo Médico Forense, indicando que Valdez está en condiciones de ser encarcelado en un penal común.

Oscar Valdez fue condenado a prisión perpetua en 2019, en el marco de la Causa “Balla”, por haber sido partícipe necesario de los crímenes de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti. Ese hecho ocurrió el 19 de enero de 1977, cuando un grupo de tareas conformado por la Policía de Santa Fe y el Ejército acribilló un edificio ubicado en la esquina de Ituzaingó y Las Heras de la ciudad de Santa Fe, donde vivían los militantes de la organización Montoneros. Pese a la pena, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Tal como informa la APDH Rosario, en julio de 2024 el represor fue encontrado paseando en su auto burlando el beneficio otorgado. A instancias del organismo de derechos humanos y del fiscal Martín Suárez Faisal, se revocó la prisión domiciliaria y se pidió que la situación sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

En diciembre de 2024, Casación confirmó la revocatoria de prisión domiciliaria pero solicitó que Oscar Valdez sea revisado por el Cuerpo Médico Forense. En febrero pasado, los médicos forenses del Poder Judicial de la Nación resolvieron que está en condiciones físicas de ser alojado en un penal común.

“Ya ha transcurrido un mes desde que la Justicia Federal de la ciudad de Santa Fe se encuentra en condiciones de enviarlo a un penal al cuidado del servicio penitenciario y nos preocupa la demora sin justificación que demuestra los privilegios de este tipo de imputados”, advierte la APDH. El organismo solicitó de forma urgente el traslado a cárcel común del represor, señalando que su fuga podría demorar aún más el inicio del juicio Laguna Paiva II.

En diálogo con Pausa, el abogado de la APDH Rosario, Federico Pagliero, argumentó: “La situación de Valdez demuestra los beneficios y privilegios que el Poder Judicial otorga a los genocidas. Este accionar es de gravedad institucional porque, a su vez, es correlativo al posicionamiento del Gobierno Nacional, respecto al desmantelamiento de políticas de Estado en materia de derechos humanos y su reivindicación de secuestros, torturas, robo de bebés, homicidios y desapariciones para aplicar un plan económico”.

En el marco de un nuevo 24 de marzo, reflexiona: “Quieren borrar de un plumazo 50 años de una lucha reconocida mundialmente, que encabezaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda pacífica de justicia. Pero no podrán lograrlo. La historia la escribimos con millones de personas en las calles de todo el país, exigiendo el ‘Nunca Más’ y el juicio y castigo a los genocidas”.

Y asegura: “Han pasado miles de testigos, cientos de sentencias condenatorias que trasformaron a nuestro país en señero a nivel mundial en materia del juzgamiento al genocidio que sufrió nuestro pueblo”.

Laguna Paiva II, sin fecha de inicio

En el juicio Laguna Paiva II se abordarán 30 delitos de lesa humanidad, que se conocieron a partir de los testimonios brindados en la causa Laguna Paiva I (también conocida como Causa Chartier). Entre ellos, figura el abandono de persona y la privación ilegal de la libertad perpetrados contra menores de edad. El Tribunal Oral Federal demora el inicio de las audiencias. El sobreviviente Mario Páez, que al momento de su secuestro en 1980 tenía 14 años, anticipó a Pausa que el lunes 31 de marzo realizarán una presentación ante el TOF para reclamar que el juicio comience.

Valdez, que en la dictadura cumplía tareas en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía, está imputado por tres hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos, un allanamiento ilegal y seis abandonos de persona en relación a niños y niñas, familiares de los militantes perseguidos.

A diferencia del juicio Laguna Paiva I, en esta oportunidad se juzgará a represores que anteriormente no habían sido investigados por estos hechos, como el propio Oscar Valdez y el ex juez federal Víctor Brusa.

Si bien el proceso estará centrado en las infancias, se continuará juzgando el secuestro y la aplicación de tormentos contra diez militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, como Arnaldo Catalino Páez (fallecido en 2016), Luis Medina, Daniel Acosta, Juan Carlos Sánchez, Carlos Szuban, Hugo Silva, Ricardo Galván, Juan Carlos Oliver, Roberto Soria (fallecido en 2023) y Leonel Gaitán.

Pagliero sostiene que la demora “genera una desconfianza total en la Justicia y una revictimización a sobrevivientes y familiares, quienes se ven sometidos por el Poder Judicial a la incertidumbre de saber si podrán cerrar una historia obteniendo la Verdad histórica y la justicia por la que vienen luchando hace décadas”.