Este jueves, en una sesión bicameral, los diputados y senadores santafesinos decidieron remover al fiscal de su cargo e inhabilitarlo por 10 años. Gerosa se va a su casa, pero ¿qué pasa con las penas de tan pocos años otorgadas a los abusadores?
Por Thamina Habichayn para Periódicas.
Por mal desempeño en sus funciones, la Legislatura santafesina removió de su cargo a Aldo Gerosa, fiscal de Reconquista, y lo inhabilitó por 10 años a ocupar puestos en el Ministerio Público de la Acusación. Se trata del fiscal que fue denunciado por cometer irregularidades en al menos dos investigaciones de delitos sexuales, demorando las condenas, manipulando a las denunciantes y sus madres, cambiando de tipificación los delitos sin justificación y beneficiando a abusadores con penas menores de las que había pedido en un primer momento.
Este jueves, en la sesión bicameral, 62 diputados y senadores santafesinos votaron como afirmativo el dictamen que emitió la Comisión de Acuerdos para destituir a Gerosa. No hubo abstenciones ni votos negativos, pero siete diputados se ausentaron, entre ellos Orfilio Marcón y Dionisio Scarpín, quienes de alguna forma estuvieron vinculados a las causas que fueron involucradas en el proceso.
Las denuncias contra Aldo Gerosa
Aldo Gerosa fue denunciado e investigado por irregularidades en al menos dos casos de abusos sexuales contra menores ocurridos en Reconquista, donde ejercía como fiscal especial de delitos sexuales. En ambos casos, demoró la investigación de los hechos, manipuló a las denunciantes para que acepten juicios abreviados y penas menores contra sus agresores y así benefició a dos personas condenadas por abuso sexual.
Luego de la primera denuncia, Gerosa fue investigado y suspendido durante 10 meses por los legisladores santafesinos. Finalmente, el 1 de junio de 2024 volvió a trabajar pero con la prohibición de investigar casos de violencia sexual y de género. Sin embargo, en marzo del año pasado había sido denunciado nuevamente por irregularidades en otro caso que investigó.
Con todas las pruebas recolectadas por el fiscal auditor Leandro Mai, tras haberlo escuchado a él y oír la palabra de las denunciantes, los integrantes de la Comisión de Acuerdos emitieron el dictamen que fue aprobado este jueves.
La segunda denuncia, realizada en marzo de 2024, fue hecha por el diputado Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía, ante la Comisión de Acuerdos. "Gerosa revictimizó a muchas mujeres y utilizó abusivamente la figura del juicio abreviado evitando de esta forma los Juicios orales, siempre, en beneficio de los abusadores", indicó el legislador.
“Estamos frente a un dispositivo de impunidad que trató de manera lacerante a las víctimas, que postergó audiencias, que solicitó favores a cambio de actuaciones, que cajoneó legajos, que desechó pruebas, que ofreció cobertura a los acusados con omisiones al cumplimiento de sus obligaciones y que, sobre todo, postergó en muchos casos la satisfacción de la justicia que mínimamente exigían las mujeres víctimas de abusos sexuales", detalló Palo Oliver.
La destitución que no fue
En diciembre de 2023, la Legislatura de Santa Fe tuvo la oportunidad de destituir al fiscal, pero no lo hizo. Eligieron una sanción más tibia, que fue suspenderlo por seis meses (el tiempo máximo permitido) y sin goce de sueldo. Sin embargo, esto llevó a que el 1 de junio regrese a su puesto de trabajo, aunque con algunas restricciones.
El primer caso denunciado
La primera investigación sobre el accionar de Gerosa fue en el marco de su desempeño como fiscal en el caso de abuso sexual que cometió Marcelo Galaz, ex secretario privado del entonces senador nacional Dionisio Scarpin. A finales de abril de 2023, Galaz fue condenado en un juicio abreviado a siete años de prisión por abusar de una niña de su familia.
Marcelo Galaz fue condenado a 7 años de prisión por pedofilia
Tanto la sobreviviente como su familia y organizaciones feministas de Reconquista, denunciaron la complicidad del fiscal para alterar el curso normal de la investigación. Indicaron que Gerosa y el senador Orfilio Marcón se encontraron para hablar de la causa y de la aspiración del fiscal de convertirse en juez. "Mi abusador llega muy tranquilo [al juicio] sabiendo que usted [Marcón] y los amigos del poder lo protegen", explicó la sobreviviente en un posteo en redes sociales.
Galaz fue condenado a siete años de prisión en un juicio abreviado en el que admitió haber abusado sexualmente de la niña cuando ella tenía entre cuatro y 10 años y le pidió "disculpas" por los hechos cometidos desde el 2000 hasta el 2006. El acuerdo también incluyó el pago de una indemnización de 6 millones de pesos que el condenado debió saldar en dos partes.
En el primer tramo de la causa, el fiscal Gerosa había pedido 32 años de prisión para Galaz tras imputarlo como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar daño grave en la salud mental de la niña y promoción de la corrupción de menores. Finalmente, para cerrar el acuerdo abreviado en siete años de prisión, la Fiscalía accedió al cambio de calificación eliminando los agravantes.
La sobreviviente envió cartas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad de Santa Fe para denunciar las comunicaciones entre Gerosa y Marcón, así como también hizo diversas publicaciones en redes sociales en las que hace públicas las denuncias y pruebas de encuentros y llamados telefónicos entre el fiscal y el senador.
“Me dirijo a ustedes para informarles que el senador Orfilio Marcón mantenía contacto y pedía información sobre el proceso a quien era el fiscal de la causa, Aldo Gerosa. Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos: las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado”, afirmó en una de las cartas. “En una ocasión, el fiscal Gerosa me hace referencia a que estaba ‘recibiendo llamadas de la política’ y después me nombra puntualmente al senador Marcón”, indicó.
El segundo caso investigado
En marzo de 2024, cuando ya se había investigado y sancionado a Aldo Gerosa por su actuación en el caso Galaz, ingresó otra denuncia contra el fiscal. Se trata de un caso en Reconquista en el que una madre denunció a quien era su pareja por abusar de su hija menor de edad en 2014, cuando la niña tenía 13 años. El hecho, según las denuncias, ocurrió en la casa donde todos convivían.
Al tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal recolectó las pruebas. Entre ellas, exámenes médicos realizados a la niña y los testimonios de ella y su madre. Desde ese momento, es decir, desde el inicio de la investigación, el accionar de Gerosa no tuvo en cuenta la perspectiva de género. Un ejemplo claro: la entrevista a la menor de edad fue realizada en la comisaría, por policías varones y sin la intervención de psicólogas que pudieran brindar la contención necesaria en un caso de violencia sexual contra una niña de 13 años.
Lo más llamativo es que la audiencia imputativa se realizó tres años después, en octubre de 2017. Durante todo el tiempo que pasó desde la denuncia hasta la imputación, existieron indicios de un mal accionar de la fiscalía.
En primer lugar, el funcionario del MPA no ordenó ninguna medida preventiva contra el hombre denunciado. No fue a prisión preventiva y no tuvo medida de distancia. Por lo tanto, durante esos tres años, se pudo contactar libremente con la sobreviviente y su madre. De hecho, amenazó y amedrentó en varias oportunidades a las mujeres. Incluso llegó a ir a la casa donde vivía la niña y donde había cometido los delitos contra ella.
En septiembre de 2015, se solicitó la asistencia psicológica para la niña, pero no se le concedió. En 2016, psicólogas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron cuenta de la veracidad del relato de la sobreviviente. En agosto de 2017, Aldo Gerosa imputó a la madre de la niña -quien denunció el hecho- como partícipe secundaria de los delitos, aún cuando todavía no se había imputado a la ex pareja.
Recién en octubre de 2017 el hombre denunciado fue imputado pero no quedó en prisión preventiva. Solamente se le puso una medida de distancia por la que no podía ver ni comunicarse con la niña y la madre. En 2020 todas las instancias se habían superado y estaba todo preparado para que comenzara el juicio. En ese momento, Gerosa adelantó que pediría entre 15 y 16 años para el acusado por haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple, ambos agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia con la niña.
“Primero demoró la prueba, mientras la denunciante y su grupo familiar recibían presiones políticas para no proseguir con la denuncia”, aclaraba el documento enviado por Palo Oliver a la Comisión de Acuerdos en marzo. Y en otro momento se indica que la niña y su madre también fueron amenazadas por quién era el presidente comunal de Los Laureles.
Abreviados para beneficiar abusadores
La segunda declaración de la sobreviviente se realizó el 1 de marzo de 2017 en Cámara Gesell. Ese testimonio se tomó en cuenta para la imputativa y las audiencias previas al juicio. El debate podía comenzar en 2020, sin embargo se fijó una primera fecha para marzo de 2022 y finalmente comenzó en diciembre de 2023. Para esa fecha, la sobreviviente ya era mayor de edad, por lo que debió declarar una vez más ante los jueces y el acusado.
En ese momento, y en esas circunstancias propiciadas por la actuación de la fiscalía, Aldo Gerosa lanzó la propuesta de un juicio abreviado que le brindara a la joven la posibilidad de no declarar. Además, sostuvo que el acuerdo sería por nueve o diez años de prisión. “Modificó la plataforma fáctica del caso, suprimió la acusación del abuso con acceso carnal y solicitó condena por abuso sexual simple con una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una indemnización de pesos dos millones y medio ($ 2.500.000,00)”, indica la denuncia que presentó Oliver. Al igual que en el caso Galaz, el abusador terminó recibiendo una pena mucho menor a la que le correspondería en un juicio oral.
Además de la disminución en el monto de la pena, se revictimizó a la persona denunciante hasta el cansancio para que termine aceptando cualquier condena posible. “La misma victima, ya mayor de edad, ha manifestado cansancio con la continuidad de esta investigación por su indefinición y la constante revictimizacion que esto le ocasiona y la victima puede decidir (por estar en condiciones de edad e intelectuales) sobre la manera de resolver este, su conflicto, con significación jurídico penal", aclara la denuncia del diputado. Y sostiene que Gerosa “ha transformado al procedimiento abreviado en un mecanismo de impunidad apalancado por actores de la política del norte provincial. Es la amenaza más grande para cualquier víctima, como así también para el servicio de justicia provincial”.
