Gerosa es el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista y su desempeño ante casos graves de abuso de niños, niñas y mujeres ha sido serevamente cuestionado. La diputada socialista solicita su destitución por "mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La diputada provincial Rosana Bellatti presentó formalmente la acusación contra el fiscal Aldo Gerosa, solicitando su destitución por "mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La legisladora fundamentó su pedido en las reiteradas faltas de respuesta del fiscal ante casos graves de abuso de niños, niñas y mujeres, "lo que pone en evidencia una ineficaz administración de justicia en situaciones de extrema vulnerabilidad", indicó.

Gerosa es el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista, y su desempeño ha sido severamente cuestionado en diversas instancias. "En octubre de 2024 presentamos la primera acusación ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura Santafesina por la causal de mal desempeño. Recientemente ampliamos el expediente tras la recepción de nuevas denuncias y procedimientos disciplinarios impulsados por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA)", explicó Bellatti.

Las investigaciones realizadas han permitido analizar detalladamente la actividad de persecución penal llevada a cabo por Gerosa, especialmente en casos de violencia de género, sexual y familiar. "Identificamos alrededor de diez causas graves en las que, pese a la prioridad asignada por la Fiscalía General, los procedimientos terminaron en juicios abreviados con penas irrisorias, aceptadas por las víctimas en su búsqueda desesperada de justicia. En otros casos, la falta de impulso procesal llevó a la inacción y la impunidad, prolongando el sufrimiento de las víctimas durante años", remarcó.

 

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La diputada socialista dijo que además "se analizaron expedientes relacionados con la protección de bienes jurídicos como la propiedad y el ambiente, en los cuales también se detectaron irregularidades: juicios abreviados con penas insignificantes y condenas en costas al MPA".

"El accionar de Gerosa implica violadores sueltos en las calles. No solo afecta a las víctimas directas de los delitos que debería perseguir, sino que también perjudica a toda la sociedad santafesina al desperdiciar recursos humanos y económicos destinados a la función de persecución penal", aseguró. En este sentido, sostuvo que su destitución "es un acto de justicia imprescindible para garantizar una administración judicial eficiente, transparente y cercana a las necesidades de la ciudadanía", concluyó Bellatti.

Se prevé que la Comisión Bicameral de Acuerdos emita dictamen la próxima semana, y diputados y senadores definan la conclusión de este proceso contra el fiscal de Reconquista en sesión conjunta.

El proceso

La Comisión de Acuerdos, integrada por senadores y diputados, encomendó a Bellatti la investigación de la conducta de Gerosa ante las denuncias presentadas por el responsable de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, y del diputado Fabián Palo Oliver (FAP).

Aldo Gerosa fue citado para el lunes 17 por la Comisión de Acuerdos para hacer su descargo. Mientras que el jueves 20, a las 13, está citada la reunión conjunta de Senado y Diputados para resolver la situación del fiscal en base al o los dictámenes que elabore la comisión.

El caso Galaz

Uno de los casos más resonantes en los que estuvo implicado el fiscal Gerosa, es el de Marcelo Galaz, exsecretario del actual diputado provincial Dionisio Scarpín (cuando era intendente de Avellaneda), quien reconoció haber abusado de su sobrina desde los 4 hasta los 10 años. Se había solicitado una condena de 32 años de prisión pero en un escandaloso procedimiento se redujo a 7 años.

En aquel proceso, se dictaminó a Galaz como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes y abusos sexuales con acceso carnal en reiterados en número indeterminado de veces. Hechos que el acusado reconoció.

Para evitar el juicio oral los abogados defensores y acusadores aceptaron quitar el delito de promoción de la corrupción, agravada por la guarda y la convivencia, y otros tres agravantes: la de grave daño a la salud, la convivencia preexistente y la guarda de la niña.

Por cuestiones pocos claras para la familia de la damnificada, Galaz acordó con la querella a cargo del fiscal del MPA, Aldo Gerosa, una pena de solo siete años, más una multa económica de seis millones de pesos.

Esto motivó que un auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitara la destitución del fiscal de la causa, por haber presionado y violentado a la víctima para que aceptara el acuerdo.

Con el acuerdo que alivianó los cargos, Galaz evitó el juicio oral que lo exponía a 32 años de cárcel, por lo que el proceso fue criticado desde su inicio y puso en alerta al MPA, que le encargó al auditor Leandro Mai una investigación.