El nuevo endeudamiento con el FMI contiene un nuevo programa por un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y medio. Sin embargo no se aclara cuáles serán los montos y los plazos de los desembolsos del acuerdo.

El Gobierno de Javier Milei publicó esta mañana en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que dio a conocer durante la noche del lunes para autoaprobarse el endeudamiento con un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según se informó, se tratará de un Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) y "la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses".

Si bien el decreto de Milei habla en forma elogiosa del rumbo económico del país, luego se contradice y afirmar que el dictado del DNU tenía una "exigencia imperiosa" por "la naturaleza de las medidas económicas involucradas" deben ser adoptadas de inmediato para "evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente".

La versión oficial del uso de los nuevos fondos del FMI

El Gobierno nacional ni brindó ningún tipo de precisión en el DNU acerca del modo, los plazos y los montos que involucrarán los desembolsos del FMI. De alguna manera, se confirma la información brindada la semana pasada sobre la decisión del Gobierno de evitar una difusión y discusión sobre los puntos del acuerdo.

No obstante, el DNU firmado por el presidente Javier Milei afirmó que se usarán los nuevos desembolsos para dos fines:

• Cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse.
• Cancelar la deuda que mantiene el Estado Nacional con el Banco Central "a fin de mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas internacionales".

"La baja calidad del activo del Banco Central de la República Argentina impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico", dice el DNU, lo que se asemeja a una defensa del BCRA para un Gobierno que prometía con dinamitarlo.

Según un reciente informe del banco suizo UBS, los fondos que otorgaría el FMI a la Argentina serían por US$ 20.000 millones. Pero el decreto no especifica esos montos ni informa los intereses a pagar por el nuevo endeudamiento con el organismo multilateral.

Pasar el Congreso por arriba

En la misma línea del decreto de nombramiento en comisión de los jueces de la Corte Suprema, el Gobierno había aclarado que el acuerdo con el FMI no se enviaría al Congreso a través de un proyecto de ley sino mediante un decreto de Milei. Todo se sustenta bajo la misma justificación desde el inicio de su gestión: la "urgencia".

La decisión del Gobierno pasa por encima del artículo 2° de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública obliga a que todo programa de financiamiento con el FMI sea aprobado por una ley del Congreso.

Sin embargo, en su decreto, el Gobierno considera que eso "no implica que Congreso de la Nación se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público a ser celebrada por el Poder Ejecutivo Nacional".

El DNU deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y estará vigente hasta que no sea rechazado por ambas Cámaras.

Con información de Página 12