A las puertas de un proceso histórico, es menester debatir problemáticas fundamentales. ¿Cómo contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo de los profesionales de la salud? ¿De qué manera abordar las inequidades regionales? ¿Qué rol tendrán los municipios?

Por Pablo Speziale, integrante de la Misión de Salud Irma Carrica, de Patria Grande.

En las charlas de café, en el almacén del barrio, en las comidas familiares de domingo y en el debate público en general no parece ser un tema central que la provincia de Santa Fe esté encaminada a reformar su Constitución, a pesar de que esto representa un hecho inédito, considerando que la actual ha estado en vigencia por más de 60 años.

Un suceso de tal magnitud debería llamar la atención. Quienes nacimos en los 90, y hasta incluso después de la última dictadura, no hemos presenciado con la conciencia necesaria un proceso de esta índole a nivel nacional (siendo la última reforma la de 1994), ni mucho menos uno de carácter provincial. Si bien a fuerza de la cruda realidad argentina, conocemos bien lo que es la crisis, la inflación, los cinco presidentes en una semana y el resurgimiento de la grieta, entre tantas otras etapas cíclicas que caracterizan nuestra historia, un proceso de reforma constitucional debería ser, al menos, un tema de debate.

Sin embargo, a las puertas de una reforma constitucional a nivel provincial, un sentimiento de incertidumbre y una falta de discusión pública parecen ser el clima predominante. Más aun, llama la atención la manera en que los legisladores de la provincia han debatido de manera tan apresurada la necesidad de modificar la Carta Magna. ¿Es esta reforma una necesidad del pueblo o de la política?

Luz verde a la reforma constitucional en Santa Fe

El mismo texto legal que declara "la necesidad de reforma" también establece los artículos que deberán ser modificados. La ley 14.384, que promueve "la necesidad de reforma", especifica que uno de los artículos a modificar es el n° 19 de la Constitución Provincial vigente, que establece que "la Provincia tutela la salud como derecho fundamental...". Y aquí surge el primer nudo de debate de este artículo. 

Como santafesinos debemos sentirnos orgullosos de la solidez de nuestro sistema de salud local, de la capacidad instalada, de la formación profesional y de la cantidad de efectores distribuidos a lo largo de la provincia, características que nos distinguen y destacan respecto a otras provincias del país. Todo esto, claro, respaldado por la capacidad productiva y económica de Santa Fe.

Los datos lo demuestran: según el INDEC, Santa Fe, siendo una de las provincias más ricas, tiene una esperanza de vida al nacer de 75,1 años (muy cerca de la media nacional de 75,3 años) y una tasa de mortalidad infantil de 8,3 por cada 1000 nacidos vivos (también cercana a la media nacional de 8,4). Para hacer una comparación con otras provincias (que no por casualidad son de las más pobres), Formosa tiene una esperanza de vida de 73,9 y una tasa de mortalidad infantil de 15,1, y Chaco presenta valores de 72,8 y 10,9 respectivamente. Claramente, el lugar en el que se nace y se vive tiene una gran correlación con la calidad de vida y el acceso al sistema de salud.

Sin embargo, no todo es positivo. Existen problemáticas que deben ser abordadas. Una de ellas tiene que ver con la llamada fuerza laboral (o recurso humano). Según los gremios profesionales, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha ido deteriorando año tras año en la última década, lo que impacta de manera drástica en la oferta de servicios públicos, no solo porque los profesionales deben trabajar más para mantener su calidad de vida, formación y capacitación, sino también debido a la impresionante fuga de jóvenes, algo que diversos colegios profesionales ya han comenzado a denunciar.

Este fenómeno no es algo reciente; al contrario, es una realidad preocupante que viene desde hace años y que se agrava cada vez más. La falta de profesionales y trabajadores de salud, especialmente en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos, como en el norte de la provincia, ha alcanzado niveles alarmantes. 

Aunque el sistema de salud presenta algunas fortalezas, las inequidades también son parte de su estructura. El norte provincial carece de trabajadores y de oferta laboral de calidad, y esto se refleja en los indicadores sanitarios. Sólo por mencionar algunos, las zonas más afectadas presentan una menor esperanza de vida, una mayor mortalidad infantil y tasas de suicidio más altas. Es necesario abordar las grandes inequidades regionales que guarda nuestro sistema de salud.

Por otro lado, la ciencias médicas, la medicina, los métodos diagnósticos y terapéuticos han avanzado profundamente el modo de abordaje de diferentes patologías. Es más, el estilo y modos de vida de las personas se ha modificado en estos últimos sesenta años. Por ello es menester, más allá de discutir la reelección o no de un gobernador, poner sobre la mesa el acceso a los medicamentos, a los derechos conquistados en materia de salud en el siglo XXI y a las vacunas, sólo por hablar de algunas tecnologías o avances sanitarios.

Y, como tercer nudo discursivo que intentaremos abordar en este texto, el artículo 107 de la mencionada ley declara "consagrar la autonomía municipal…" y especifica su aplicación en los ámbitos "político, administrativo, económico, financiero e institucional". Si bien no menciona específicamente la salud pública, es importante detenernos a reflexionar sobre este punto, ya que las características regionales son disímiles, y las de nuestra ciudad guardan cierta particularidad.

En la ciudad de Santa Fe, la mayoría de los efectores de salud dependen casi exclusivamente de la Provincia: su financiamiento, organización y recursos humanos están gestionados por el gobierno provincial, que administra los siete hospitales y 49 centros de salud. La única excepción es el Centro de Salud de Nuevo Horizonte, que es el único efector municipal en la ciudad.

Para los barrios santafesinos, salud

En otras ciudades de la provincia la situación es diferente. En Rosario, de los 84 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), 52 son municipales; en Rafaela, existen tres de carácter municipal frente a ocho provinciales. Este modelo no es exclusivo de Santa Fe, ya que otras capitales del país como La Plata (que gestiona los 47 CAPS), Córdoba (101 sobre 117) o Posadas (10 sobre 29), también cuentan con una mayor injerencia municipal en la gestión del sistema de salud.

Que la salud sea administrada casi en su totalidad por la Provincia tiene beneficios evidentes: mayores partidas presupuestarias, una política sanitaria centralizada y la posibilidad de abordar mejor las inequidades. Sin embargo, la discusión debe profundizarse. ¿Qué rol tendrán los municipios en términos de salud? ¿Cómo podrán los municipios con menos recursos enfrentar los desafíos sanitarios? ¿Perjudica al sistema de salud la municipalización en la gestión económica?

Nuestra democracia tiene logros importantes que seguir defendiendo, pero también grandes deudas pendientes. Las constituciones, tanto la nacional como las provinciales, consagran derechos que aún están lejos de cumplirse en su totalidad. Cualquier gobierno que logre cumplir íntegramente con cada uno de estos derechos sería el que más avances habría conseguido en la historia de nuestro país. Por eso, aunque el debate sobre la reforma constitucional actual sea escaso, es hora de cuestionarnos qué dirá nuestra Constitución, pero más aún, cómo se llevarán a cabo las políticas públicas y se ampliarán los derechos que formarán parte de la nueva Carta Magna.