Autoridades de la ANDIS asistieron a la Cumbre Mundial sobre Discapacidad que se hizo en Alemania, aunque no se sabe para qué: no firmaron el documento final y solo se reunieron con ONGs argentinas por presión internacional.

El pasado 2 y 3 de abril tuvo lugar en Berlín la Cumbre Mundial sobre Discapacidad (GDS, por su sigla en inglés: Global Disability Summit), que tiene por objeto promover la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en países en desarrollo, mediante la colaboración entre Estados y Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD); y a través del impulso de sus derechos a nivel internacional.

Autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) asistieron al evento, con Diego Spagnuolo y Romina Núñez (director y subdirectora de la mencionada agencia, respectivamente) a la cabeza de la delegación. Se trata de la misma repartición estatal que, en línea con las políticas orquestadas por Javier Milei para la totalidad de los sectores más vulnerables, viene ejecutando un salvaje achique de su personal y sus recursos; además de recortar pensiones e incitar a la estigmatización de las personas que solicitan esas pensiones, y de las personas con discapacidad en general.

Lo dicho ya es suficiente para abrir un interrogante. Pero no es todo: al finalizar la Cumbre, Argentina no suscribió al documento final. Además, Spagnuolo y Núñez se reunieron con ONGs y referentes de nuestro país en la temática a regañadientes, y solamente para "caretearla" ante la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), que les pidió que así lo hicieran.

Entonces, la pregunta es: ¿a qué fueron los funcionarios de la ANDIS a Alemania? Es, o bien un misterio, o bien una demostración más de la doble vara del Gobierno a la hora decidir qué financiar con guita no propia (la tuya, la nuestra, la de las personas con discapacidad).

Fingiendo demencia

Un día antes de la GDS se realizó, también en la capital alemana, el Foro de la Sociedad Civil. Las santafesinas María Soledad Gelvez, presidenta de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amplíopes (FAICA) y Gabriela Bruno (secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista a nivel nacional) participaron de ambas instancias.

En este marco, organizaciones argentinas que trabajan en torno a la temática de discapacidad elaboraron un documento lapidario para la actual gestión que, por presión de la RIADIS, fue recibido por unas ofuscadas autoridades de la ANDIS el 3 de abril.

“El día anterior estábamos reunidas con gente de Costa Rica, Japón y España, y de golpe irrumpieron Spagnuolo y Núñez a saludar solamente a los españoles, pero de una manera sumamente maleducada, como que atropellaron, sin registrar que estábamos reunidos y sin decir ‘Hola, permiso, quiero saludarte’”, contó Bruno en diálogo con radio Halley.

Ante ello, los especialistas en discapacidad que fueron ninguneados por los funcionarios de Milei comenzaron a hacer circular el texto que se había generado durante el Foro de la Sociedad Civil, consiguiendo la adhesión de organismos internacionales, y por lo tanto desnudando la hipocresía y el cinismo de la administración libertaria, como más le duele: ante referentes extranjeros.

“Hablamos con organismos internacionales para que nos acompañen y se generó esta reunión al otro día. Estaban muy enojadas las autoridades nacionales, porque decían que ellos querían hablar con la gente de esos organismos internacionales, no con nosotros, y que no entendían por qué teníamos que pedir ayuda si ellos en Buenos Aires podían atendernos, cuando se les ha pedido innumerable cantidad de reuniones y no nos han dado respuesta”, continuó relatando Bruno.

Argentina y las personas con discapacidad hoy

En ese encuentro las ONGs y demás representantes explicaron la grave situación que están atravesando las personas con discapacidad en Argentina. Mientras los funcionarios “ponían cara de sorprendidos”, aquellos denunciaron “el impacto que las distintas medidas y decisiones políticas están teniendo sobre las vidas de las personas argentinas con discapacidad y (sus) familias” y “los retrocesos a los que se han visto expuestas desde diciembre de 2023 a la fecha”. Entre ellos:

- El cierre de organismos y el despido de personal especializado, reduciendo a su mínima expresión espacios esenciales para el acceso a derechos de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad” tales como la ANDIS, “lo cual genera una disminución de la calidad de servicios y una extensión de los tiempos de respuesta para las personas con discapacidad y sus familias”.

- El traspaso de la Agencia Nacional de Discapacidad de la jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud de la Nación, que conlleva que las decisiones y políticas públicas sean eminentemente médicas, y contrarias al paradigma que promueve la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

-La disolución del INADI. “La mayor cantidad de denuncias que recibía eran situaciones de discriminación por motivos de discapacidad, por lo cual ya no contamos con un espacio seguro y con profesionales formados en la materia que recoja denuncias de este tipo”, señalan.

- El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, organismo que transversalizaba las políticas públicas de género con otros espacios, tal como aquellos dedicados a la discapacidad. A ello se suma que “sus competencias y funciones pasaron a estar a cargo del Ministerio de Justicia, (siendo que) la máxima autoridad de dicho ministerio —Mariano Cúneo Libarona— se ha pronunciado en reiteradas ocasiones negando la existencia de la violencia por motivos de género”.

- La derogación de decretos que otorgaban compatibilidad a las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo registrado. “Hoy los criterios socioeconómicos para el otorgamiento de pensiones no contributivas son sumamente rígidos y restrictivos”.

- “La utilización de un baremo exclusivamente médico para el otorgamiento de dichas pensiones” (a través de) la resolución del gobierno de Milei N° 187/25, que “hace uso de terminología profundamente estigmatizante” — ‘imbécil’, ‘idiota’ y ‘débil mental—, “que contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene rango constitucional en nuestro país desde el 2014”.

- El proceso de auditorías a los beneficiarios y beneficiarias de estas pensiones vigente desde agosto de 2014. “Con esta medida se pretende reducir significativamente el número de pensiones otorgadas, pero el mecanismo que se ha instrumentado para notificar sobre turnos y sobre el proceso de auditoría no cuenta con garantías mínimas de accesibilidad ni asesoramiento a las personas con discapacidad. Tampoco se consideran aquellos casos en que las personas no han podido ser notificadas. La decisión que se toma en esos casos es la baja del beneficio, viéndose mayoritariamente perjudicadas personas que viven en zonas rurales, en localidades pequeñas y en barrios populares, entre otros”.

- La permisividad ante el deterioro de los servicios de salud integral y rehabilitación. “La actual gestión ha reducido fondos destinados a programas esenciales, ha cerrado organismos que trabajaban en la atención de personas con enfermedades crónicas y terminales y ha dejado de entregar medicamentos de manera gratuita a personas de poblaciones vulnerables”.

- La vulneración del derecho de las personas con discapacidad “a recibir educación de calidad en igualdad de condiciones con las demás”.

El documento destaca además que “el gobierno nacional ha procurado instalar la lógica de que toda aquella persona que requiera apoyo o demande medidas de acción positiva al Estado es un enemigo que busca aprovecharse de los recursos de lo que llama ‘argentinos de bien’”.

Inclusive, advierte el texto, “las más altas autoridades nacionales han realizado declaraciones sumamente despectivas, llegando a utilizar a la discapacidad como insulto hacia opositores políticos”. También, que Milei “se vale de medios de comunicación afines para, por ejemplo, generar desconfianza y una respuesta social negativa acerca del número de pensiones no contributivas (ya) otorgadas y difundir la idea de que las personas con discapacidad (representan) una carga social y un gasto para el Estado, que (son) improductivas, y que muchas (se valen) de distintos artificios para engañar al sistema y (hacerse) de beneficios del Estado”.

La presentación del documento ante el que Spagnuolo y Núñez fingieron demencia fue supervisada por la READIS, que ordenó un “seguimiento” de cada cuestión. "Fue muy vergonzoso porque casi que se enteraron ahí (de lo que está sucediendo)", en teoría. “Nos ningunearon, trataron de escucharnos porque no les quedaba otra y porque los organismos internacionales estaban tomando nota. Y todo el tiempo sostenían que querían hablar con ellos, no con nosotros”, relató Bruno.

La coherencia ante todo

Para redondear el papelón, las autoridades argentinas no suscribieron a la declaración final de la Cumbre Mundial sobre Discapacidad de Berlín. Y no, claro: el texto plantea que el mundo debe “esforzarse por hacer de la inclusión una realidad para todas las personas con discapacidad”, haciendo especial hincapié en “las mujeres, niñas, niños y juventudes”.

También remarca la necesidad de “promover la igualdad de género” y manifiesta que se debe “unir fuerzas para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean efectivamente sostenidos en el mundo pos Agenda 2030”.

“Viajaron y ni siquiera firmaron el documento final, que es una declaración de compromisos. Fueron hasta allá y no firmaron la declaración. Una cosa muy extraña”, destacó Bruno, aunque admite que se trató de un accionar “coherente con cómo se vienen manejando”: las problemáticas propuestas son problemáticas a las cuales el gobierno de Milei no solo no adscribe, sino que niega.

En cualquier caso, la activista sentenció: “La decisión de no firmar no deja de ser un cachetazo para todas las personas con discapacidad argentinas, a la vez que no se entiende a qué fueron: evidentemente, fueron a pasear”.