La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe emitió un extenso documento respecto de la próxima reforma de la Constitución provincial, donde mujeres y disidencias sexuales manifiestan su preocupación "por entender que un tema tan trascendente debería contar con el mayor debate y apoyo popular" y que "nada de ello ha ocurrido".

Santa Fe ya eligió a sus convencionales constituyentes en las elecciones del pasado 13 de abril y ahora comienzan a delinearse los pasos a seguir: la fecha en que comenzará a tratarse la reforma de la Constitución provincial (sería el 14 de julio) y el diálogo y los acuerdos entre los diversos representantes que serán parte de la convención.

En ese camino, diversos actores de la sociedad civil comienzan a alzar la voz para que, justamente, sus voces, sean tenidas en cuenta a la hora del debate y de llevar adelante las modificaciones en la Carta Magna provincial.

Ante esto, la Asamblea Ni Una Menos (NUM) Santa Fe publicó en un extenso documento de trabajo donde indica que "la provincia de Santa Fe está ante un momento histórico" y que "las intenciones de 'modernizar' la Constitución provincial no pueden ser solo un acto declamativo".

Las mujeres y disidencias sexuales nucleadas en la NUM de la ciudad de Santa Fe manifiestan en el texto su preocupación por entender que un tema tan trascendente debería contar con el mayor debate y apoyo popular pero que "nada de ello ha ocurrido en la decisión de reformar nuestra Constitución".

Una Constitución para todes

Desde la Asamblea remarcan que la sanción, promulgación y publicación de la Ley N° 14.384 que declara la necesidad de la reforma constitucional, "se realizó de forma exprés y sin que hubiera mediado un mecanismo de consulta y participación activa de los distintos sectores sociales, sindicales, políticos de la sociedad santafesina".

"No queremos una nueva Constitución a los efectos de garantizar reelecciones y mayores períodos con facultades y poderes institucionales para unos pocxs", señalan. "Queremos una nueva Constitución que habilite caminos para trabajar las desigualdades, contemple las diversidades y permita construir una sociedad accesible e inclusiva para todxs".

En ese sentido, abogan por "una Carta Magna Provincial que revierta, desde el texto mismo, todas las desigualdades y discriminaciones, particularmente por cuestiones de género y de identidad sexual que sufren mujeres y disidencias. Que garantice el desarrollo de proyectos hacia una vida sostenible y la profundización de la democracia".

La Asamblea también pone el foco en el contexto socioeconómico, político y
cultural que se vive a nivel nacional, "donde la precarización de la vida, la crueldad y el retroceso de derechos adquiridos, son las principales acciones del Estado Nacional, impregnando con esta lógica gubernamental a muchos gobiernos provinciales y locales".

Esto se materializa, indican, "en un ajuste feroz a jubiladas y jubilados, a trabajadores y trabajadoras del sector público y privado; en despidos, desempleo y precarización laboral; en regulación y represión de las movilizaciones y protestas sociales; en instalar desde el sentido común, la violencia como lógica de todas las relaciones sociales; en la pérdida de soberanía; en la definición de medidas económicas que favorecen al mercado financiero y, en definitiva, en el deterioro de la democracia".

"En este escenario nos preocupa si la reforma de la Carta Magna vendrá a garantizar una profundización de esas políticas o una transformación en beneficio de las grandes mayorías populares de nuestra provincia", agregan.

Por eso, desde la Asamblea Ni Una Menos se pronuncian a favor de "un proceso de participación social para lograr una verdadera modernización de la Carta Magna de la provincia, avanzando en la protección de los derechos existentes y la garantía de nuevos".

La experiencia del 94

Las integrantes de la NUM recuperan en el texto la experiencia de trabajo y militancia de la reforma de la Constitución nacional en 1994, realizada en la ciudad de Santa Fe.

"Como movimiento feminista tuvimos una participación muy activa en ese proceso", señalan, y explican: "Fue clave para las santafesinas que la Constituyente haya tratado, entre otros temas, la incorporación de Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos donde la situación de las mujeres cobraría fuerte relevancia en los temas de salud reproductiva y violencia por motivos de género".

En ese marco, las militantes recuerdan que realizaron movilizaciones, juntadas de firmas, encuestas y difusión de información, sobre todo contra la 'Cláusula Barra', que proponía incluir en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, contradiciendo lo que decían los propios tratados internacionales.

"Hoy, como integrantes del movimiento feminista apelamos a replicar un nuevo camino en
favor de que los derechos humanos sean contemplados en esta reforma", indican.

Los 16 puntos

En el texto difundido, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe realiza su aporte al proceso de transformación de la Constitución provincial acercando una serie de principios para pensar en la elaboración de un nuevo texto que garantice la transversalidad de la perspectiva de género en la nueva Carta Magna.

"Es nuestra intención hacer un aporte que sea inclusivo, con perspectiva de Derechos Humanos, de género y diversidad, intercultural, antirracista y democrática para la discusión de la nueva Constitución provincial bajo el amparo de nuestra Constitución Nacional de 1994. Consideramos los presentes principios a tener en cuenta para una constitución con perspectiva de género". Y enumeran:

1. Lenguaje inclusivo. Superar el uso y referencias en masculino que se toman por universales y que excluyen el reconocimiento de las mujeres y otros titulares de derechos en el lenguaje.

2. Laicidad del Estado. Separación entre Estado e Instituciones Eclesiales, libertad de conciencia y de culto como derechos diferenciados.

3. Principio de cuidados. Pretendemos un Estado cuidador que amplíe su rol social y económico, reforzado con los principios de solidaridad, inclusión y justicia de manera expresa, reconociendo el valor de las relaciones de interdependencia social que hacen posible la vida y el buen vivir, y estableciendo el mandato de garantizar el bienestar, dignidad y derechos de todas las personas y las comunidades. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y condiciones de equidad entre las personas.

4. Principio de igualdad sustantiva. Consagrar de forma expresa la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos, estableciendo el mandato al Estado de remover los obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo individual y/o colectivo de grupos históricamente postergados como las mujeres, los pueblos originarios, las personas migrantes, las diversidades y disidencias sexuales, personas con discapacidad y afrodescendientes.

5. Democracia paritaria. Establecer el deber de una participación paritaria en todos los espacios de la sociedad y en todos los poderes y niveles del Estado, la promoción de órganos colegiados y su integración paritaria, gabinete de gobierno y elecciones o designaciones en cargos unipersonales, estableciendo un mandato explícito al Estado y sus poderes, de transversalización del género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.

6. Distribución del poder. Considerar formas de democracia directa y deliberativa como plebiscitos, consulta popular, mandatos revocables e integración de organizaciones sociales en la determinación de políticas públicas y legislaciones.

7. Soberanía en el proyecto de vida. Reconocer el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, a la autodeterminación en relación con sus cuerpos y sus planes de vida y a contar con las condiciones sociales para el desarrollo individual, colectivo y el derecho a una vida libre de violencia.

8. Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Reconocer el derecho de todas las personas a la intimidad, al goce, la identidad sexual, la elección de la pareja, maternidad voluntaria, orientación sexual y ausencia de actividad sexual coercitiva. Así como acceder y obtener información, educación y medios para garantizar estos derechos.

9. Derecho a la salud. Consagrar en forma expresa que es deber del Estado garantizar el derecho a la salud, el enfoque de género para la promoción de acciones especiales para la atención de la salud integral de las mujeres y disidencias sexuales, incorporando la cosmovisión de salud de los pueblos originarios.

10. Derecho a la seguridad social. Garantizar la continuidad de los principios del sistema de seguridad social solidario con reconocimiento y modificación de las desigualdades estructurales de género en el mercado laboral.

11. Derecho a la educación pública. Garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, laica, no sexista, democrática, intercultural e integradora. Reconociendo la autonomía progresiva en el desarrollo educativo de la niñez y adolescencia y afianzando las condiciones de respeto, no discriminación y desarrollo integral. Fortalecer la red pública de educación superior y su rol en el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología con perspectiva de género y al servicio de la comunidad.

12. Trabajo digno y tiempo libre. Garantizar el trabajo digno conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Garantizar ambientes laborales libres de violencia y acoso sexual en el ámbito laboral. Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados incorporándolo en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Replantear el modelo de trabajo remunerado compatibilizándolo con las labores de cuidados, promoviendo la corresponsabilidad. Asimismo, replantear el derecho al uso del tiempo libre con perspectiva de género.

13. Modelo de desarrollo ecofeminista. Considerar un modelo de desarrollo eco feminista, basado en un enfoque biocéntrico, respetuoso de la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo la emergencia climática que vivimos a nivel global y estableciendo un mandato para terminar con un modelo extractivista de producción.
Establecer la obligación del Estado de resguardar los bienes comunes, la biodiversidad, la
energía renovable y el derecho al agua. Establecer la participación de la comunidad mediante audiencias públicas vinculantes para los servicios esenciales.

14. Acceso a la justicia y protección de los derechos humanos. Establecer los mecanismos que permitan asegurar el igual acceso a la justicia incorporando la perspectiva de género y diversidad en la formación y el desarrollo institucional. Incorporar los principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y no regresión. Asimismo, incorporar de forma explícita los tratados de derechos humanos.

15. Territorios y ciudades feministas. Propiciar la construcción de territorios y ciudades feministas, donde las configuraciones físicas, políticas y simbólicas logren el diseño y calidad de los diferentes espacios que habitan todxs lxs personas, rompiendo con la división sexual del trabajo y la dicotomía espacio público–privado. Favorecer el respeto de las diferentes formas de producción social del hábitat, idiosincrasias, culturas, tecnologías y necesidades, considerando principalmente las formas de habitar de mujeres y diversidades sexuales.

16. El Derecho a la ciudad. Sostener el derecho a usar y habitar la ciudad en condiciones justas e inclusivas, con respeto a la diversidad y garantías de participación ciudadana en la planificación y gestión urbana. Impulsar el acceso al suelo, a la vivienda, a los servicios públicos, a la infraestructura y al espacio público, articulando con los territorios y comunidades rurales.